OEFA impuso multas ambientales por más de S/822 millones
Desde el 2021. Sectores de minería e hidrocarburos representan más del 94% de las sanciones en los últimos 3 años. Vivienda, saneamiento, educación y salud serán fiscalizadas desde este año.
Entre los años 2021 y 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso más de S/822 millones 459.034 en multas por infracciones ambientales, la mayoría de ellas dirigidas a los sectores supervisados de minería e hidrocarburos.
De acuerdo a información oficial del organismo regulador, en el año 2023 se impusieron multas firmes —en las que la empresa no apeló o, al apelar, el monto varió— por casi S/281 millones 953.943 (56.960 UIT); en el año 2022, por S/214 millones 398.144 (46.608 UIT); y en el 2021, por S/340 millones 929.990 (74.115 UIT).
Es uno de los récord más importantes desde la creación de OEFA, en 2008. Solo el año pasado, el sector de minería fue sancionado con un total de S/198 millones 851.994, el 70% del total de sanciones de ese ejercicio. Más atrás estuvo el sector de hidrocarburos, que alcanzó los S/47 millones 594.745.
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Pero si vamos al histórico de los últimos tres años, vemos que las industrias mineras recibieron sanciones por más de S/576 millones 333.032; las de hidrocarburos, S/196 millones 253.833; la industria, S/36 millones 197.144; y la agricultura, S/25 millones 116.858.
Este último caso es particular, pues OEFA recién comenzó a supervisar directamente al sector agro desde 2023, aunque antes ya podía imponer multas. Este año, recibirán también las encargaturas de vivienda, saneamiento, salud y educación, refiere el titular del organismo, Johnny Marchán.
Minería descarriada
Respecto a la minería, Marchán apunta que uno de los principales agentes infractores es la mina Aruntani, con operaciones situadas entre el límite de Apurímac y Cusco, en gran parte por la poca rectitud del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para darle coto y liderar las remediaciones.
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“Esto, en realidad, nos está pasando con todos los sectores. Cuando recibimos la competencia de agricultura, solo el 2% de los administrados tenía Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) y, además, el Midagri nunca los fiscalizó en temas ambientales”, aclara el ejecutivo.
En este sentido, Marchán aclara que, si bien es cierto que el OEFA es el ente encargado de hacer la fiscalización, lo cierto es que el sector que promueve la actividad no puede desligarse de su compromiso con la industria. Reconoce, sin embargo, el progreso positivo de algunos administrados en los últimos años, como electricidad.
De cualquier manera, desde 2021 ya se han impugnado multas equivalentes a 118.104,93 UIT, más de la mitad impuestas durante este periodo. Entre ellas, destacan las de Repsol, compañía que hasta el momento ha impugnado más de S/97 millones tras el derrame de Ventanilla, en 2022. “Este año, recibiremos cuatro sectores y, seguramente, vamos a tener un problema parecido, donde recién el rigor lo pondrá OEFA”, sentencia.
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OEFA y su rol fiscalizador para el 2024
OEFA ha aplicado 28 medidas administrativas a Repsol desde 2022, algunas de ellas ya vencidas y otras en proceso de ser atendidas. De estas, 17 aún están en proceso, básicamente, disposiciones de limpieza en la zona del derrame.
OEFA tiene su segunda instancia, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental. A ellos llega la apelación de la multa en primera instancia y deciden si la multa se mantiene o varía. Se ha dado el caso de que llega incluso a incrementarse.
