La colocación de bonos de vivienda social podrían caer 15% este 2023 de acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), lo cual no sería el escenario ideal, ya que el mercado de vivienda de este tipo aún no se ha cubierto y la brecha se acentúa en las edificaciones nuevas. En 2022 se colocaron 48.351 bonos por un valor total de S/1.490 millones.
"Una buena noticia en cuanto a los recursos para bonos: tenemos en este momento asegurado recursos para 41.000 viviendas, faltarían 7.000 viviendas para poder llegar a los 48.000 bonos que se desembolsaron el año anterior. Lo que está faltando son casi 6.000 bonos dirigidos al segmento de vivienda nueva. Igual, S/296 millones es una cifra controlable, aunque lo ideal sería que tengamos una mayor venta porque todavía el mercado de vivienda social no ha llegado a un nivel de cobertura de todos los segmentos", comentó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.
Cabe resaltar que el desembolso para viviendas nuevas a través de Techo Propio en 2022 es el número más alto desde que se creó este programa en 2003, superando en 55,9% al anterior récord que se dio en 2021. En el caso de construcción en sitio propio, se desembolsó 41,7% menos bonos en comparación con el 2021 y 56,2% menos respecto al año récord del 2015.
El sector creció 6,8% en noviembre del 2022, sumando tres trimestres consecutivos al alza, de acuerdo con cifras del INEI. Este crecimiento se ha dado a pesar de la crisis política y social, señaló Capeco. El gremio estima que el sector crecerá 4,6% en diciembre, como consecuencia de una contracción de 8,5% en el consumo de cemento y de un aumento de 46,7% en la ejecución de la obra estatal.
De esta manera la producción sectorial habría cerrado el año 2022 con una subida de 4,3%, tasa incluso superior a la que estimó el BCRP en diciembre (3,5%) y que se explica sobre todo por una elevación del ritmo de avance de obras del Estado de alrededor de 21%.
El gremio señala que, para el 2023, el escenario de la producción sectorial se complica por el agravamiento del conflicto social que aún no ha podido ser controlado por el Gobierno de la presidenta Boluarte. En este contexto, es mucho más probable que se produzca una contracción algo mayor a 3,0%, como estiman consultoras privadas.