PCM sobre Quellaveco: “Donde no sea posible el diálogo, usaremos la fuerza del Estado”
El primer ministro Aníbal Torres reiteró que la primera carta para el Ejecutivo será siempre el diálogo, pero ahora manejan una segunda. “No permitiremos que pase lo mismo que con el Oleoducto”, afirmó.
El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, anunció que, en caso no prospere el diálogo, el Estado peruano utilizará la fuerza para defender las inversiones privadas en torno a las actividades extractivas, a propósito del llamado a una paralización del proyecto minero Quellaveco, en Arequipa.
En rueda de prensa, el titular de la PCM aclaró que el primer paso para el Ejecutivo es tender las vías de negociación con las comunidades involucradas en la zona de influencia. Sin embargo, afirmó que estarán dispuestos, en adelante, a emplear a las fuerzas del orden para garantizar la continuidad de operaciones.
“La actividad que mayores recursos genera es la minería y eso nos sirve para desarrollar la agricultura, de manera que estamos tomando la decisión de proteger la acitividad minera y la actividad agrícola, además de todas las de naturaleza comercial, industrial y artesanal que se desarrollan en el país”, señaló el funcionario.
Torres indicó que la Constitución permite al Estado defenderse ante cualquier ataque que rompa las reglas del juego, a fin de evitar que un conflicto social escale al punto de mermar sobre los ingresos que el país urge para salir de la crisis económica.
“Los conflictos sociales los resolveremos bajo el diálogo, como lo venimos haciendo. Y donde no es posible el diálogo, ahí entra a tallar el derecho. El derecho se caracteriza por estar constituido por normas como la cohercibilidad, es decir, la posibilidad de utilizar la fuerza institucionalizada por el Estado”, explicó.
En este sentido, el premier dijo que el Gobierno peruano no permitirá que sigan ocurriendo ataques como los registrados en Loreto, donde sugirió que las comunidades nativas cortan el Oleoducto Norperuano (ONP) para luego pedir reparaciones civiles por contaminación.
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“No vamos a permitir, como ha sucedido con ONP, que ciertos miembros de algunas comunidades corten el tubo y luego vengan los reclamos para subsanar ese corte y limpiar las aguas. Eso va a tener que acabar conforme a derecho”, remitió el jefe ministerial.
“En Consejo de Ministros hemos acordado que así tiene que ser. Se tiene que dar plena seguridad a la inversión nacional y extranjera, porque esa es la que genera riqueza y trabajo”, agregó.
