En un inicio había dos minas operadas por la misma empresa, Xstrata, que operaban, una en Cusco (Tintaya) y la otra en Apurímac (Las Bambas). Entre las dos unidades mineras, sobre un corredor de 200 kilómetros, está la provincia cusqueña de Chumbivilcas. La empresa de capitales suizos preveía un mineroducto entre ambas, por lo cual preparaba un EIA en 2011 que incluía, además de la venia mediante negociación con las comunidades intermedias, una carretera superpuesta para llevar el material de construcción necesario.
Pero el mineroducto nunca se concluyó. Para 2013, un año después de aprobado el EIA, Xstrata vende Las Bambas a la china MMG y se acaba la necesidad de un tubo entre ambas minas. La empresa sostuvo que la idea nunca se dejó de lado, sino que podía ir de la mano con el emplazamiento de un ferrocarril. Es allí cuando solicita al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la potestad de transportar sus concentrados por carretera, mediante la declaración inconsulta con las poblaciones de vía nacional y sin una cabal evaluación de los impactos ambientales (mediante una modificación de su EIA) en torno a este nuevo tipo de acarreo para los concentrados del metal rojo.
De la noche a la mañana, en 2016 más de 250 volquetes por día, con una carga útil de 40 toneladas cada uno, rompieron la tranquilidad de agricultores y sus familias, quienes en ningún momento aprobaron tal uso de la vía, como sí ocurrió a nivel de sus gobiernos regionales. En la práctica, los pobladores sienten que Estado y empresa se pusieron de acuerdo para sacarlos de la ecuación y llevarse el cobre al peso.
La situación estaba ya caldeada antes de la primera polvareda. En 2014, el expresidente Humala lanza la Ley 30230, conocida como ‘paquetazo ambiental’, cuyo fin era flexibilizar la fiscalización ambiental en pro de la inversión privada. Con ella, los conflictos en el sector minero pasaron de 10 % a 37 % ese año, según reporte de OEFA.
Rómulo Mucho, presidente de Agromin, sopesa que si las cosas se hubieran hecho bien desde un inicio, ningún conflicto habría explotado. En su lugar, recuerda episodios de malos manejos que abonaron en el malestar social, como el ofrecimiento de Vizcarra de obras por S/ 2.000 millones en Las Bambas, ni bien asumió el MTC.
“Los conflictos suelen suceder cuando, desde un principio, el Estado no está presente. Ahora se ha llegado a un nivel extremo, con exigencias demasiado altas. Cuando se abandonó el mineroducto, debió explicarse a la gente, en el momento, cómo es que en adelante se desarrollaría el paso de camiones, asfaltar la vía”, sostiene el experto.
No obstante, Mucho reconoce que durante el paso a vía nacional no se entregó la modificación del EIA correspondiente.
“Ahí hubo un vacío. Pero el Estado estuvo presente, no se hizo nada sin permiso”, refiere.
Son épocas de auge para el cobre y Las Bambas, que desde el 2022 empezará a pagar IR, lo sabe. No hay espacio para más retrasos ni bloqueos en la que representa la mayor inversión de MMG en el mundo. Para Jorge Manco, investigador de la UNMSM, su anuncio de paralizar operaciones no guarda sustancia, toda vez que el yacimiento facturará, con todos sus problemas, “más de 3.500 millones de dólares al cierre del 2021″. Pero todos le hacen eco.
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En esta línea, Manco asegura que el principal responsable ha sido el Estado, por permitir facilidades que jamás debieron ocurrir, como no informar el cese del mineroducto.
“Hay un núcleo duro con un discurso antiminero, pero son minoría. La mayoría de comunidades piden a la empresa lo que el Estado republicano no ha les ha dado en 200 años: ciudadanía, educación, salud, infraestructura y respeto”, afianza.
Cuatro presidentes han pasado sin resolver Las Bambas: Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti. Castillo podría ser el quinto.
El cambio a vía nacional se hizo a través de un informe técnico sustentatorio (ITS), creado por el Estado, según las comunidades, para beneficiar a la minera.
El pedido para usar la carretera como corredor minero fue presentado al final de la evaluación de la modificación del EIA, cuando la etapa de evaluaciones técnicas había concluido, advierte CooperAcción.
Las comunidades reclaman el derecho de pago de una servidumbre minera, además de indemnizaciones por los daños ambientales.
Las Bambas produce unas 400.000 toneladas de cobre al año, alrededor del 2% del cobre mundial.
"La pandemia del covid-19 ha mostrado las precariedades del sistema sanitario", dijo el Castillo Terrones. Foto: Presidencia