El Gobierno de Chile expresó este martes 16 de febrero su rechazo a la iniciativa legislativa que busca un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones para mitigar los estragos de la pandemia al afirmar que esta no ayuda “a los más pobres”.
“A las personas más vulnerables no les quedan fondos en las cuentas y, desde ese punto de vista, es una política que creemos que es bastante regresiva, no enfocada en los más pobres”, aseveró el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.
A fines de enero, el diputado chileno de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet presentó la propuesta con la que quiere hacer posible un nuevo retiro sin ninguna carga tributaria. Sin embargo, debido al receso parlamentario la discusión del predictamen será recién revisado en la primera semana de marzo, fecha en la que se reanudarán las actividades.
El debate no quedó ajeno luego de conocerse el proyecto. Por un lado, el oficialismo afirma que cerca de 2 millones de personas ya se quedaron sin fondos y que sería una forma de hipotecar su futuro. Mientras que los defensores aseguran que el retiro es necesario para avanzar en la reactivación de la economía debido a que la COVID-19 ha durado más de lo previsto.
La contrapropuesta del Ejecutivo es, en tanto, acelerar un acuerdo parlamentario para reformar el criticado sistema de pensiones. ”Nuestro interés es que ojalá logremos subir esas pensiones en el corto plazo, por eso estamos tratando de llegar a acuerdos de dialogar y tener un trámite expedito en el Congreso”, agregó Cerda.
Por su parte, el último 8 de febrero, el FMI calificó como “contraproductiva” las medidas adoptadas en Perú y Chile sobre la materia en aras de combatir la crisis económica de la COVID-19.
En julio de 2020, el Congreso aprobó un primer retiro de un 10% de los fondos previsionales, y se beneficiaron de él un 94,4% de los 11 millones de afiliados al sistema. Esto representó 16.000 millones de dólares en pagos realizados por las administradoras.
La Superintendencia reconoció desde el oficialismo que la medida tuvo impactos positivos en el consumo.
El 3 de diciembre del 2020 se aprobó el segundo, un proyecto promovido por el propio Ejecutivo que permitía retirar otro 10%, pero que gravaba con impuestos la retirada de fondos a partir de 1,5 millones de pesos (cerca de 2.000 dólares).