Este 8 de octubre se realizará el quinto paro internacional de repartidores de delivery, los cuales exigen que se regulen las plataformas digitales y el reconocimiento de la laboralidad para que puedan tener todos los beneficios de un trabajador.
Este martes se realizó una conferencia de prensa con varios voceros de distintos movimientos, colectivos y sindicatos de 15 países, entre ellos Japón, Alemania, México, Nigeria, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Ecuador, Costa Rica, Chile y Brasil.
“Estamos ante el intento de estas empresas de imponer un modelo de flexibilización laboral, que significan un retroceso en los derechos laborales adquiridos para todos los trabajadores del mundo. Muchos fueron afectados por el contagio del virus, sin que las empresas hayan provisto materiales de seguridad e higiene”, manifestaron.
Todos ellos trabajan o han trabajado en Uber/ Uber Eats, Pedidos Ya, Rappi, Glovo, iFood, Deliveroo, Lyft, DoorDash, etc.
“La fecha no es casual, es estratégica. Buscamos empalmar con la defensa a la Ley AB5 en el Estado de California, Estados Unidos, la cual le ha otorgado el reconocimiento laboral a miles de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones”, expresaron.
Como se recuerda, a inicios de enero esta ley entró en vigencia en California y marcó un precedente a nivel internacional.
Sin embargo, empresas como Uber, Lyft, Instacart, Postmates y DoorDash vienen trabajando una intensa campaña en contra —en la que han invertido cerca de 180 millones de dólares—, por lo que han lanzado su propio proyecto llamada Proposición 22, la cual tiene como fin neutralizar los efectos de la ley.
En la medida, las compañías ofrecen un paquete de beneficios a sus conductores que garantiza un ingreso mínimo y dar cobertura médica a cambio de que permanezca como trabajadores independientes.
“El 6 de octubre arranca este referéndum que determinará la permanencia y ejecución de esta ley”, precisaron. Un sondeo del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley demuestra que los votantes a favor de la propuesta de las empresas no alcanzan ni siquiera el 50%.