En el marco de la crisis sanitaria del nuevo coronavirus, diversas empresas han sido afectadas por la suspensión de actividades comerciales, lo cual ha mellado sus ingresos económicos y el de sus trabajadores. Uno de los últimos casos ocurrió con la empresa de transporte Soyuz, que el último 20 de julio anunció su liquidación tras 38 años de servicio.
Al momento de ingresar a este proceso, es importante que toda empresa cumpla una serie de requisitos, principalmente para garantizar los derechos de sus trabajadores. A continuación, te mostramos cómo es llevada a cabo una liquidación y qué implicancias tiene.
Comunicado Soyuz.
En declaraciones para La República, el abogado laboralista Raúl Saco señala que el proceso habitual consiste en llegar a un acuerdo con la junta de accionistas para disolver la empresa y liquidarla, el cual marca “el inicio del fin”, ya que empieza la liquidación: pagar deudas, cobrar lo pendiente y, en última instancia, salir del mercado.
Ante el referido escenario, el especialista interpreta dos formas existentes para que una empresa se retire del mercado: la primera establece que “si yo tengo capital suficiente y no tengo deudas, acuerdo la disolución, les pago a los que les debo, llámese trabajadores, proveedores, fisco, etcétera, y sencillamente me voy. Cumplí todas mis obligaciones”.
Respecto a la segunda forma, señala que no es tan simple cuando hay acreedores; en primer lugar, acreedores laborales, y, en segundo lugar, el acreedor fisco. En tal caso, como vendría a ser el de Soyuz, debe atender las obligaciones laborales con prioridad antes de consumar la disolución y liquidación.
Asimismo, tal y como mencionó anteriormente a La República Miluska Rosales, entonces asesora legal de BDO en Perú, tras la liquidación de la empresa procede su extinción, la cual se inscribe en Sunarp una vez efectuada la distribución del haber social. Como último paso, debe solicitar a Sunat “la baja definitiva del Registro Único de Contribuyentes (RUC)”, siendo que la resolución aprobatoria respectiva será expedida en un plazo máximo de 45 días hábiles.
soyuz
Tal como sostiene Raúl Saco, las obligaciones laborales deben atenderse en primer término durante una disolución. “Las remuneraciones y beneficios laborales tienen rango prioritario con relación al pago de cualquier otra obligación, incluso las tributarias”, indica.
En el caso de haber aplicado la suspensión perfecta de labores, el abogado explica: “El tiempo que cubre [la suspensión perfecta] no se toma en cuenta para el cómputo de las remuneraciones a pagar con relación a ciertos beneficios, por ejemplo, con relación a las vacaciones o a la compensación por tiempo de servicio”. Sin embargo, no tiene relación alguna con la liquidación.
Indecopi debe garantizar que este proceso se lleve a cabo asegurando los derechos laborales. “La idea es que los trabajadores no se queden impagos”, afirma Saco. En tal sentido, la entidad estatal debe analizar cómo está organizada la distribución de los pagos pendientes para comprobar que estos reflejen la realidad de la empresa.
Ministerio de Trabajo
Por otra parte, la empresa debe solicitar la suspensión de actividades al Ministerio de Trabajo, que, si se aprueba, continuaría con el procedimiento. En el caso contrario, la sociedad debe hacerse cargo de los salarios del período en que estuvo inactiva y no pagó el sueldo de sus empleados.
“Eso se incluiría en el monto de remuneraciones a pagar, en la liquidación de remuneraciones pendientes de pago. Si es que el ministerio rechaza la suspensión, igual ese tiempo se va a considerar para pagos de CTS, vacaciones, etcétera”, apunta Raúl Saco.
El abogado laboralista finaliza señalando que, desde el punto de vista conceptual, “es muy fácil constituir empresas, [pero] no es tan fácil salir del mercado”, debido a la responsabilidad existente con los acreedores. “Así como la voluntad juega para constituirla, juega para disolverla”, indica, en relación al pago de las obligaciones con los trabajadores de la empresa.