Privatización del agua potable en Chile fue un engaño, según reporte canadiense
De acuerdo al estudio, el financiamiento público previo a la privatización fue el que permitió expandir la cobertura del agua potable a los rincones del país sureño.
En el año 2000, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle consiguió que el parlamento chileno aprobara el marco legal para iniciar el proceso de privatización de las empresas sanitarias. Esto provocó que Chile se convierta en el país con la mayor privatización de agua del mundo, con un 95,8% de la población bajo sus servicios.
Visto en retrospectiva, lo sucedido en el país sureño parece haber sido exitoso. Y es que el 99% de la población chilena tiene acceso casi universal al agua potable, algo que no sucede en otros países de la región. Sin embargo, este logro ha sido desmentido por un reporte canadiense.
María Karunananthan, directora de la ONG Blue Planet Project (BPP) y patrocinado por la fundación mexicana Femsa, se explica cómo el supuesto éxito del proceso de privatización del agua chileno no sólo es un mito, sino que se está convirtiendo en un castillo cuyos cimientos horadados lo tienen a punto de colapsar.
“A nivel mundial, más del 90% de los servicios sanitarios son administrados por el Estado gracias a la férrea oposición al ingreso de actores privados, que suele traducirse en mayores tarifas y menor responsabilidad sobre la infraestructura”, asegura Karunananthan.
Su texto señala que el financiamiento público previo al traspaso a manos privadas fue el que permitió expandir la cobertura del agua potable hacia los rincones del país.
Esta situación es más alarmante en la actualidad, pues los actuales dueños de las empresas sanitarias no han invertido en temas relacionados a los nuevos desafíos del cambio climático y, más bien, han incumplido los requerimientos mínimos estipulados por el Estado chileno.
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En efecto, según cifras del gobierno, la empresa Aguas del Valle sólo invirtió 49% del mínimo recomendado para 2014, mientras que Essbio y Esval invirtieron un 75% y 64% del mínimo recomendado.
Estas cifras se contradicen con las denuncias que en febrero de este año realizaba el intendente de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien aseguró que la empresa Aguas Andinas no ha realizado las inversiones necesarias para evitar que los efectos de sistema frontales que azoten a la zona resulten en los últimos 3 cortes masivos de suministro que han afectado a más de 7 millones de habitantes.
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“Las medidas no son suficientes y necesitamos cosas de mayor envergadura. No es que la autoridad se haya quedado de brazos cruzados, sino que las inversiones que hay que realizar son cuantiosas y significativas y le corresponden a Aguas Andinas”, aseguró el administrativo.
Este escenario se vuelve más grave en lugares afectados por la sequía o aún sin acceso al agua potable. Los primeros, porque las mismas empresas sanitarias han canalizado el agua para abastecer a los grandes centros urbanos dejando sin acceso a pequeñas comunidades, tal y como denuncian los habitantes del pueblo de Cabildo en la provincia de Petorca.
¿Un problema sin solución?
Ante lo que parece ser la evidente necesidad de un cambio en el modelo de administración de las empresas sanitarias, Chile se encuentra en un dilema.
Esto debido a que ha firmado 26 acuerdos comerciales con 62 países desde que se iniciaran los procesos de privatización en 1990, los cuales advierten severas sanciones o abren la puerta a demandas por parte de las corporaciones afectadas en caso de que el país sureño decida cambiar las normas o las cuotas de privatización.
La situación se ha tornado tan surrealista, que organizaciones como BPP están pidiendo a la Asociación de Profesores Pensionados de Ontario en Canadá (OTPP), que accedan a apoyar la restitución de los derechos de agua al Estado chileno, pues su consorcio es el mayor inversionista en las principales sanitarias chilenas, con un 41% de acciones en Essbio, Esval y Aguas del Valle.
“La crisis del agua en Chile es compleja, pero entrega a los profesores canadienses de una oportunidad única para apoyar el creciente movimiento antiprivatización y ayudar a los chilenos a sacudirse las últimas cadenas legadas por el régimen de Pinochet”, sentencia Karunananthan.
