Más de 20 mil estudiantes fueron afectados con el cierre de la Universidad Privada Telesup y de otras ocho universidades más luego de la supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por no cumplir a tiempo con los requerimientos que establece la ley.
Según el reglamento, los alumnos pueden decidir entre continuar sus estudios en la universidad no licenciada, siempre que los concluya dentro del plazo máximo de dos años concedido para el cierre definitivo, o cambiar de centro de estudios de acuerdo a los convenios que pueda conseguir la universidad con otras instituciones.
Sin embargo, para el abogado civil de Estudio Linares Abogados, Héctor Campos, existe otra vía más. Dado que la universidad no licenciada es la responsable de esta situación, los alumnos que hayan sufrido algún perjuicio económico o moral podrán iniciar reclamos de naturaleza civil, como una demanda de indemnización por daños y perjuicios.
“La Sunedu brindó un plazo para subsanar las observaciones hechas, en ese sentido las autoridades universitarias serían las únicas responsables del no licenciamiento, ya que la superintendencia solo se limita a establecer si la universidad ha cumplido o no con las condiciones básicas educativas de calidad”, sostuvo Campos.
Solicitud de indemnización
Para solicitar la indemnización, los alumnos afectados deberán iniciar procedimientos conciliatorios extrajudiciales a través de una solicitud que indique cuáles son los daños que han sufrido a consecuencia de que la universidad donde han estudiado no haya sido licenciada por la Sunedu.
En esta etapa, puede que se llegue a algún acuerdo con la universidad y, de este modo, se realicen las transacciones correspondientes. Sin embargo, de no ser el caso, los afectados podrán iniciar una demanda en la que se solicite la indemnización. En este caso, resulta más conveniente en términos económicos que los reclamos no se realicen de forma independiente, sino que se efectúen en conjunto entre el grupo de alumnos afectados.
“Esta acción permitirá que el costo de la demanda no sea asumida por una sola persona, sino por un colectivo. Una demanda colectiva permitirá ahorrar costos en la ejecución de la sentencia que declare la responsabilidad de la universidad”, explicó el abogado.
Sentencia
Por último, será el juez quien emita la decisión final de la demanda, considerando las pérdidas materiales sufridas para evaluar el daño económico y el daño moral sufrido por la víctima, en el caso del perjuicio moral.
“Por ejemplo se puede considerar como un daño más grave el del alumno becado que ve limitada su posibilidad de seguir estudiando, en comparación de el alumno que ingresó al momento en que la universidad se encontraba en periodo de licenciamiento y sabía que la institución no contaba con el refrendo del Estado”, comentó el experto.
Agregó que para este último caso, se tomará en cuenta si la universidad creó, o no, una expectativa razonable respecto a que el licenciamiento se obtendría, ello con la finalidad de cuantificar la reparación.