Juez federal de EEUU prohíbe al Gobierno de Trump recortar importante beneficio social a inmigrantes indocumentados
Martínez argumenta que la medida amenazaba derechos humanos de los inmigrantes, pues podía privar a familias del acceso a recursos esenciales.
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El juez federal Ricardo Martínez ordenó el miércoles 10 de septiembre la suspensión de una directiva impulsada por el Gobierno de Donald Trump, que pretendía negar el acceso al programa Head Start a niñas y niños cuyos padres fueran considerados inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
El magistrado falló a favor de una coalición conformada por 21 estados, principalmente demócratas, y organizaciones sociales que argumentaron que la política nacional violaba normas administrativas y generaba daños significativos en comunidades vulnerables de personas migrantes.
Juez bloquea política de Donald Trump contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos
Ricardo Martínez concluyó que la administración de Trump atentaba contra los derechos humanos al restringir el acceso al programa Head Start, considerado de vital importancia para las familias inmigrantes indocumentadas. La demanda cuestionó la legalidad del proceso utilizado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para implementar el cambio.
En su fallo, el juez Martínez explicó que la medida amenazaba con eliminar un recurso esencial para miles de familias. “También genera que madres y padres pierdan el cuidado de sus hijas e hijos, corran el riesgo de quedarse sin empleo, deban abandonar sus estudios y no logren cubrir los gastos básicos ni sustentar a sus familias”, escribió el magistrado.
¿Por qué se quería impedir el acceso de inmigrantes indocumentados al programa Head Start?
En julio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr., propuso una nueva interpretación normativa que clasificaba ciertos programas comunitarios como beneficios públicos federales, excluyendo así a las personas migrantes indocumentadas.
El principal argumento del Gobierno era que esta política funcionaría como un mecanismo para desincentivar la inmigración ilegal. La propuesta buscaba que las entidades encargadas de operar el programa Head Start comenzaran a verificar el estatus migratorio de las personas solicitantes, algo que históricamente no se exigía.
