Trump no podrá aplicar la deportación exprés: juez permite que inmigrantes en Maryland puedan apelar casos de expulsión
Cullen rechazó la demanda del Departamento de Justicia al considerar insuficiente la base legal para anular una orden judicial vigente.
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El juez federal Thomas Cullen bloqueó este 26 de agosto una medida impulsada por la administración de Donald Trump, que pretendía implementar deportaciones inmediatas contra inmigrantes detenidos en el estado de Maryland.
Cullen frenó los intentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos de anular una orden judicial vigente, la cual otorga a los migrantes un plazo mínimo para presentar recursos legales antes de ser removidos del país.
Juez impide la deportación automática
El magistrado, quien fue designado por Trump en 2016, ordenó que los poderes del Estado no pueden transgredir las jurisdicciones de los demás. Cullen rechazó la demanda al considerar que no existía una base legal suficiente para que el Poder Ejecutivo demandara a todo un tribunal federal por una orden judicial. “Esta demanda constituye una disputa injustificable entre dos ramas del gobierno con poderes equivalentes”, aseguró Cullen en su fallo.
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Además, el juez calificó como “difamación” las declaraciones del Ejecutivo hacia jueces federales que han emitido fallos contrarios a sus políticas migratorias para establecer la deportación automática. “Este esfuerzo concertado del Ejecutivo para difamar e impugnar a los jueces que fallan en su contra es inaudito y desafortunado”. También enfatizó que los magistrados gozan de “absoluta inmunidad” por los actos derivados de sus funciones judiciales.
Este fallo impide que se apliquen deportaciones inmediatas en Maryland y mantiene vigente la orden que otorga al menos un día hábil para que los inmigrantes puedan impugnar su detención.
Demanda de Donald Trump para aplicar la deportación exprés
El Gobierno de Trump, a través del Departamento de Justicia, solicitó al tribunal la anulación de la orden emitida por el juez Russell, con el argumento de que interfería con la autoridad del gobierno federal para ejecutar las leyes migratorias.
La demanda sostenía que la decisión judicial representaba un uso ilícito de las facultades equitativas para restringir al Ejecutivo.
El documento legal alegaba que la orden del tribunal de Maryland fue emitida sin estar vinculada a un caso específico, lo que la convertía en una interferencia directa en la capacidad del gobierno para proceder con las deportaciones.
