Victoria para inmigrantes en EEUU: juez prohíbe a Trump recortar fondos federales a 34 condados y ‘ciudades santuario’
La resolución del magistrado William Orrick, con sede en San Francisco, favorece a jurisdicciones "santuario" como Boston y Chicago.
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El juez federal de distrito William Orrick dictaminó este viernes 22 de agosto que el Gobierno de Donald Trump no puede retener fondos federales a más de 30 ciudades y condados por sus políticas de protección a inmigrantes. La orden impide condicionar recursos públicos a la cooperación con autoridades migratorias federales.
La decisión del juez se basó en una demanda colectiva de representantes demócratas contra las autoridades federales por comprometer programas públicos relacionados con salud, seguridad y transporte, con la excusa de no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Juez ordena a Donald Trump no impedir fondos federales a jurisdicciones ‘santuario’
El magistrado Orrick, con sede en San Francisco, consideró que las medidas impulsadas por la administración de Trump constituyen una “amenaza coercitiva” y vulneran la Constitución de Estados Unidos. El fallo señala que el Gobierno federal no puede imponer condiciones adicionales no autorizadas por el Congreso para el otorgamiento de subvenciones.
La orden protege a más de 30 jurisdicciones conocidas como ‘ciudades santuario’, entre ellas Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles, San Francisco, Portland, Seattle y otras ciudades que habían presentado demandas argumentando que el retiro de fondos ponía en riesgo servicios esenciales. Estas jurisdicciones alegaron que podrían perder miles de millones de dólares si se implementaban las políticas del mandatario.
Prohibición de fondos federales a jurisdicciones ‘santuario’
Un decreto firmado por Trump ordenaba a la secretaria del Departamento de Justicia (DOJ), Pam Bondi, y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, retener fondos federales a gobiernos locales que adoptaran políticas de protección a inmigrantes indocumentados. Asimismo, exigía a todas las agencias federales evitar que sus pagos beneficiaran a entidades que obstaculizaran la aplicación de las leyes migratorias.
En mayo de 2025, el DHS publicó una lista con más de 500 ‘jurisdicciones santuario’, a las que consideró incumplidoras de las leyes migratorias. El documento establecía que cada ciudad o condado recibiría una notificación formal del Estado y que podrían enfrentar consecuencias legales si se les encontraba violando alguna norma penal federal.
