Condenan a agente del INPE que intentó ingresar 50 chips de celular a penal: así descubrieron el compartimento
La Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró responsable al acusado por el ingreso indebido de equipos de comunicación, en agravio del Estado, y le impuso una reparación civil de S/25.000.
La República en GoogleUn agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue condenado por intentar ingresar 50 tarjetas micro SIM al penal de Socabaya, en Arequipa. El personal de seguridad descubrió los chips durante la revisión de una mochila, luego de detectar una costura irregular en la parte posterior y hallar un compartimento oculto.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo del juez Walter Marroquín Aranzamendi, declaró responsable a N. C. S. por el delito de ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación, fotografía o filmación en centros de detención o reclusión, previsto en el artículo 368-A del Código Penal, en agravio del Estado.
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¿Cómo descubrieron los chips en la mochila?
Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2026, alrededor de las 7.00 a. m., cuando el trabajador del INPE ingresó por la puerta principal del establecimiento penitenciario con una mochila. Durante la inspección, el personal encargado advirtió una costura irregular en la parte posterior del objeto.
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Al revisar esa zona, los agentes encontraron un compartimento oculto con un sobre que contenía aproximadamente 50 tarjetas micro SIM y tres fajos de dinero. La Policía lacró e incautó las evidencias y detuvo al trabajador.
Además, la sentencia precisa que la mayoría tenía cobertura y que 11 contaban con saldo para realizar llamadas, lo que confirmó su funcionalidad para la comunicación.
¿Qué sanciones recibió el agente del INPE?
Durante la audiencia, el procesado reconoció los cargos del Ministerio Público y aceptó su responsabilidad penal y civil. Por ello, la Fiscalía y la defensa acordaron una terminación anticipada, mecanismo que permite concluir el proceso cuando el imputado admite los hechos y existe consenso sobre la pena y la reparación civil, bajo control judicial.
La sentencia fijó una reparación civil de S/25.000 a favor del Estado. De ese monto, el condenado ya pagó S/10.000 y deberá cancelar los S/15.000 restantes dentro del plazo de la condena.
Asimismo, el juzgado dispuso su inhabilitación para ejercer el cargo que desempeñaba y para obtener cualquier mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público durante cinco años.
