Toma en San Marcos: disturbios en facultad de Ciencias Administrativas por controversia en la elección del decano

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizaron una toma del local en rechazo a las decisiones adoptadas por el Rectorado respecto a la conducción de la facultad. Los manifestantes cuestionan el cambio de criterio sobre quién debe asumir temporalmente el decanato tras la suspensión del titular y denuncian una presunta intervención del Rectorado en el gobierno de la facultad.

El conflicto se originó luego de la suspensión temporal del decano Amador Grover Mejía Osorio. De acuerdo con el documento presentado por representantes estudiantiles ante la Defensoría del Pueblo, mediante la Resolución Rectoral N.° 009772-2026-R/UNMSM, del 30 de julio de 2026, se formalizó una medida cautelar que le impedía ejercer temporalmente sus funciones. La propia resolución, según el documento, precisa que se trata de una medida provisional y que no determina responsabilidad administrativa.

Ante esta ausencia, el Consejo de Facultad acordó el 31 de julio encargar temporalmente el decanato al vicedecano académico, Manuel Jorge Espinoza Altamirano. Los representantes sostienen que esta decisión se tomó en aplicación del artículo 74 del Estatuto de la UNMSM, que establece el orden de sucesión ante la ausencia temporal o vacancia del decano: primero corresponde al vicedecano académico y, en su defecto, al vicedecano de Investigación y Posgrado.

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Ese mismo día, el Rectorado adoptó inicialmente el mismo criterio. A través de la Resolución Rectoral N.° 009782-2026-R/UNMSM, también del 31 de julio, dispuso que Espinoza Altamirano asumiera la encargatura del decanato. De esta manera, en un primer momento existió coincidencia entre el Consejo de Facultad y el Rectorado sobre la aplicación del artículo 74 del Estatuto.

Sin embargo, cinco días después, el 5 de agosto, el Rectorado dejó sin efecto su resolución anterior y dispuso que el decanato fuera encargado al docente Enrique Osvaldo Bedoya Sánchez, desplazando al vicedecano académico. Este cambio de criterio constituye el principal punto de cuestionamiento de los representantes de la facultad.

Ese mismo día también se dispuso el término de las funciones del vicedecano de Investigación y Posgrado y del director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, decisiones que, según los representantes, generaron nuevas discrepancias sobre las competencias del Rectorado y la autonomía de gobierno de la facultad. Algunos alumnos denunciaron atropellos por parte de Jerí Ramón.

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Estudiantes cuestionan cambio de criterio

Uno de los alumnos que participa del reclamo señaló que la controversia no se limita a la suspensión del decano, sino que está relacionada con la forma en que el Rectorado modificó posteriormente la encargatura.

Según explicó, mientras el Consejo de Facultad había acordado que Espinoza Altamirano asumiera temporalmente el cargo, el Rectorado inicialmente emitió una resolución en el mismo sentido y posteriormente designó a otro docente.

Los estudiantes sostienen que la decisión constituye una intervención del Rectorado en la conducción de la facultad y exigen que se respete el acuerdo del Consejo de Facultad. Estas afirmaciones corresponden a la posición de los representantes estudiantiles y no establecen por sí mismas que haya existido una intervención política.

El documento enviado a la Defensoría del Pueblo recoge precisamente este cuestionamiento. Allí, el Consejo de Facultad plantea que la encargatura de Bedoya no se ajustaría al mecanismo previsto en el artículo 74 y solicita que el Rectorado explique el fundamento jurídico que motivó el cambio de criterio entre el 31 de julio y el 5 de agosto.

Los representantes también invocan el artículo 46 del Estatuto, que señala que ningún integrante de la comunidad sanmarquina debe obediencia a autoridades que asuman ilegalmente el gobierno de la universidad, en contravención de la ley y del propio Estatuto. La aplicación de esta disposición también forma parte de la controversia planteada entre ambas instancias.

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Piden mesa de diálogo

Ante la disputa, representantes estudiantiles del Consejo de Facultad solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para instalar una mesa de diálogo entre el Rectorado y el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas.

Entre los puntos que plantean discutir están el fundamento jurídico de la primera encargatura, las razones que llevaron al Rectorado a modificar su posición cinco días después y su interpretación actual del artículo 74 del Estatuto.

También piden que se precise el fundamento normativo de la designación de Bedoya y el alcance del artículo 46 frente a una autoridad cuya legitimidad es cuestionada por integrantes de la comunidad universitaria.

La solicitud presentada ante la Defensoría no busca que esta institución resuelva la controversia jurídica ni sustituya a las autoridades universitarias. Los representantes piden que actúe como facilitadora de un espacio institucional para que el Rectorado y el Consejo de Facultad expongan sus respectivas interpretaciones del Estatuto y busquen una salida a la crisis.

Hasta el momento, el punto central del conflicto es determinar qué órgano tiene competencia para resolver la sucesión temporal del decanato y cuál es el fundamento que permitió al Rectorado modificar la encargatura que había dispuesto inicialmente.