Amazonas: exigen medidas urgentes ante violencia sexual contra niñas awajún y wampís en Condorcanqui
Organizaciones y colectivos plantean una política pública con presupuesto, atención intercultural y participación directa de los pueblos indígenas. También piden una reunión de alto nivel en la provincia y recursos desde 2027.
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Organizaciones indígenas, colectivos y ciudadanos exigieron al Estado adoptar medidas urgentes para enfrentar la violencia sexual, la desprotección y la impunidad que afectan a niñas, adolescentes y mujeres de los pueblos awajún y wampís en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
A través de una carta abierta, las organizaciones plantearon la aprobación de una política pública articulada que cuente con presupuesto específico y participación directa de los pueblos indígenas. Advirtieron que la problemática no responde únicamente a casos aislados, sino a factores estructurales vinculados con la limitada presencia de servicios públicos, las dificultades para acceder a la justicia y la falta de respuestas con pertinencia intercultural.
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A esta situación se suman, según el documento, problemas como la inseguridad alimentaria y la presencia de economías ilegales, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
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Salud intercultural y atención a víctimas
Las organizaciones plantearon tres ejes para enfrentar esta problemática. El primero está relacionado con una atención integral e intercultural de la salud.
Entre las medidas propuestas figuran el fortalecimiento de la salud mental comunitaria, la prevención del embarazo adolescente y la atención del VIH, con disponibilidad de traductores en lenguas awajún y wampís para garantizar que las pacientes puedan recibir atención y denunciar situaciones de violencia en su propio idioma.
También solicitaron la implementación de brigadas fluviales que permitan llegar de manera oportuna a las comunidades y trasladar a las víctimas de violencia sexual para que reciban atención integral.
Cuestionan modelo de residencias estudiantiles
El segundo eje está centrado en garantizar una educación segura. Las organizaciones pidieron revisar el actual modelo de residencias estudiantiles, debido a que consideran que puede incrementar la vulnerabilidad de las alumnas al separarlas de sus familias y comunidades.
Como alternativa, propusieron avanzar hacia un sistema educativo territorial que permita a los adolescentes acceder a la enseñanza sin desvincularse de su entorno familiar.
La propuesta también contempla transporte fluvial seguro, el fortalecimiento de las escuelas locales y mecanismos comunitarios de alerta que permitan detectar y actuar ante posibles casos de abuso.
Defensoras comunitarias
El tercer eje plantea reconocer e integrar a las defensoras comunitarias dentro de la respuesta estatal. Para ello, las organizaciones proponen crear un registro territorial y establecer protocolos obligatorios de articulación con los sectores Salud, Educación y Justicia.
El objetivo es que estas defensoras puedan acompañar y alertar sobre situaciones de violencia sin que el Estado les transfiera responsabilidades que le corresponden asumir a las instituciones públicas.
Piden reunión de alto nivel en Condorcanqui
Como medida inmediata, la carta abierta solicita que las autoridades convoquen, en un plazo máximo de 30 días, una reunión pública de alto nivel en Condorcanqui. El encuentro, según la propuesta, debería contar con capacidad efectiva de decisión y con participación protagónica de las organizaciones indígenas.
Entre los actores mencionados se encuentran el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), COMUAWUY, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y las organizaciones que impulsan la iniciativa.
Asimismo, solicitan que el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 incluya los recursos necesarios para implementar y garantizar la continuidad de las medidas planteadas.
Las organizaciones también demandaron sanciones para quienes resulten responsables de abusos sexuales, incluyendo la expulsión y el retiro definitivo del servicio del personal de Salud y Educación, así como de las guarniciones militares involucradas en estos hechos.
"Las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir sin violencia, permanecer junto a sus familias, estudiar con seguridad, acceder a servicios de salud y ser escuchadas en su propia lengua", señala la carta abierta.
Finalmente, las organizaciones firmantes reafirmaron que realizarán seguimiento a las decisiones que adopte el Estado y respaldarán el liderazgo territorial de los pueblos awajún y wampís, con el objetivo de que las medidas anunciadas se traduzcan en protección efectiva para las niñas, adolescentes y mujeres de Condorcanqui.
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