Apurímac: Atentado de mineros ilegales deja herida a una adulta mayor de 86 años
La familia responsabiliza directamente a cuatro mineros, quienes, según indican, fueron denunciados previamente por el presunto delito de usurpación, debido a que estarían realizando actividades de minería en parte de los terrenos que considera de su propiedad.
La República en GooglePobladores del distrito de Tapayrihua, en la provincia de Aymaraes, región Apurímac, viven alarmados por la presencia de mineros ilegales que operan clandestinamente e invaden terrenos comunales ante la vista y paciencia de los efectivos policiales.
Ya el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha cancelado todos los REINFO de los invasores por no cumplir con las normas establecidas. No obstante las disposiciones de la entidad, estos mineros ilegales continúan extrayendo y comercializando el mineral, sin cumplir ninguna de las normas ambientales vigentes.
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A altas horas de la noche, la circulación de los camiones de los mineros ilegales perjudica a los animales de los comuneros, especialistas en su cuidado indican que, al interrumpirse su descanso, los animales retrasan su período reproductivo y no ingieren sus raciones alimenticias en la proporción habitual, por lo que bajan de peso, perjudicando a los comuneros que viven de los ingresos que les genera la crianza y comercialización de sus animales.
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Los pobladores de la Comunidad Campesina de Tapayrihua expresan su rechazo a los mineros ilegales porque tienen que soportar su abuso y maltrato.
Hace unos días, una adulta mayor de 86 años resultó hospitalizada tras un presunto atentado de mineros ilegales con explosivos ocurrido en la comunidad de Pallccora, distrito de Tapayrihua. Según se informó, la explosión se registró alrededor de las 2.00 de la madrugada y destruyó la cocina y el baño de la vivienda familiar, además de ocasionar daños en inmuebles cercanos y quemar pertenencias y medicamentos.
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De acuerdo con la denuncia de la familia, Onorata Tapia Retamozo sufrió pérdida de audición, lesiones ocasionadas por la onda expansiva y un cuadro de shock, por lo que fue trasladada a un establecimiento de salud en Abancay para recibir atención médica. Sus familiares afirmaron que el ataque puso en riesgo la vida de quienes se encontraban en la vivienda al momento de la detonación.
Según la versión de los denunciantes, el hecho estaría relacionado con un conflicto por actividades mineras ilegales en la zona. La familia sostiene que desde hace aproximadamente dos años venía presentando denuncias por la presunta ocupación de parte de sus terrenos y por actividades mineras ilegales que, aseguran, se desarrollaban sin su autorización y afectaban la chacra de la que depende la adulta mayor. Asimismo, indicaron que antes del atentado habrían recibido amenazas para que desistieran de sus denuncias.
Uno de los familiares declaró que decidieron continuar con las acciones legales pese a las advertencias recibidas y que, posteriormente, ocurrió el atentado contra la vivienda. Señaló que el conflicto surgió luego de denunciar a personas a quienes acusa de ocupar parte de su propiedad y depositar desmonte en sus terrenos.
La familia solicitó la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público para investigar lo ocurrido y determinar responsabilidades. Hasta el momento, corresponde a las autoridades realizar las diligencias e investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y establecer si existe responsabilidad penal de las personas involucradas.
La familia responsabiliza directamente a cuatro mineros, quienes, según indican, fueron denunciados previamente por el presunto delito de usurpación, debido a que estarían realizando actividades de minería en parte de los terrenos que considera de su propiedad.
De acuerdo con la versión de los denunciantes, antes del atentado los presuntos implicados les habrían solicitado retirar la denuncia presentada en su contra. Ante la negativa de la familia, días después se habría producido la explosión que destruyó parte de la vivienda.
Los integrantes de la familia manifestaron que temen por su integridad y la de sus integrantes, al considerar que los actos de violencia podrían incrementarse.
