Agente del Inpe permitió ingreso de internos a celda en la que torturaron a recluso
El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para Óscar Pineda, quien era jefe de pabellón en el penal de Juliaca, donde fue torturado y asesinado el interno Flavio Mamani Apaza. Dos reos son investigados por ese crimen.
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El Poder Judicial confirmó, en segunda instancia, la medida de prisión preventiva por nueve meses dictada contra Óscar Pineda, agente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), y dos reos investigados por el presunto delito de tortura agravada que causó la muerte de un interno en el establecimiento penitenciario de Juliaca.
Fuentes de la Cuarta Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo confirmaron el último 18 de junio esa resolución.
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De acuerdo con la investigación fiscal de Puno, el agente del Inpe habría abusado de su cargo el 14 de marzo de 2026, al permitir el ingreso y desplazamiento de internos hacia una celda de aislamiento, donde se encontraba la víctima bajo su custodia.
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De este modo, se encontraron suficientes elementos de convicción que vincularían a los internos César Rosales y Niurman Calzadilla con la muerte del interno Flavio Mamani Apaza. Asimismo, se hallaron indicios de uso de extrema violencia en agravio de la víctima.
La confirmación de esta medida permitirá que continúen las diligencias a fin de esclarecer lo sucedido, en un caso en el que un funcionario habría omitido deliberadamente sus funciones al facilitar el desarrollo del ataque contra el interno.
Los fiscales a cargo del caso, Hugo Vizcarra y Christian Pérez, sustentaron el requerimiento con elementos de convicción.
Explicaron que Óscar Pineda, en su calidad de jefe de pabellón, habría abusado de su cargo al permitir el ingreso y desplazamiento de dichos internos hacia una celda de aislamiento, donde se encontraba la víctima bajo su custodia.
En dicho ambiente, los coimputados César Rosales y Niurman Calzadilla habrían participado en actos de violencia extrema contra el interno, quien posteriormente falleció.
La Fiscalía sostiene que el funcionario habría omitido deliberadamente sus deberes de vigilancia y control, lo que facilitó el desarrollo de los hechos y habría derivado en la muerte del agraviado.
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