Gobierno aprueba plan para reducir el hacinamiento penitenciario hasta 2028: ¿qué cambiará en las cárceles?
La norma encargará al INPE y a otras instituciones coordinar acciones para ejecutar el plan, que incluirá la revisión de beneficios penitenciarios y la construcción de nuevas infraestructuras.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 mediante la Resolución Ministerial N.° 0203-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano. La iniciativa busca reducir la sobrepoblación en las cárceles del país y mejorar las condiciones del sistema penitenciario, que actualmente alberga a más de 100.000 internos en establecimientos con capacidad para poco más de 41.000 personas.
La resolución encarga al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y a la Dirección de Gracias Presidenciales coordinar las acciones necesarias para implementar el plan. Además, la Dirección de Política Criminológica del Minjusdh tendrá a su cargo el seguimiento de las medidas previstas.
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Asimismo, la norma establece que el INPE deberá elaborar, en un plazo de 15 días hábiles, los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte necesarios para supervisar la ejecución del plan. También dispone que la entidad impulse alianzas estratégicas orientadas a fortalecer los servicios de orientación, asistencia y patrocinio legal para la población penitenciaria.
¿Qué medidas contempla el plan?
Aunque la reciente resolución publicada en el diario oficial aprueba el plan sin detallar su contenido, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, informó en abril que la estrategia combinará la ampliación de infraestructura penitenciaria con mecanismos orientados a reducir la población carcelaria en determinados casos.
Entre las medidas previstas figuran la evaluación de beneficios penitenciarios, las conmutaciones de pena, las gracias presidenciales y la expulsión o el traslado de ciudadanos extranjeros privados de libertad. Según el titular del sector, estas acciones se aplicarán únicamente a personas condenadas por delitos de menor gravedad y no alcanzarán a internos considerados de alta peligrosidad.
El plan también mantendrá la construcción y ampliación de establecimientos penitenciarios. Actualmente, existen proyectos en ejecución en Pucallpa, Arequipa, Iquitos y Abancay, que buscan incrementar la capacidad del sistema.
Más de 24.000 internos podrían acceder a medidas de deshacinamiento
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Justicia, una evaluación preliminar identificó a 24.739 internos que podrían acogerse a alguna de las herramientas contempladas en la estrategia.
Como primer paso, el Ejecutivo prevé remitir más de 5.000 expedientes al Poder Judicial para que los magistrados determinen si corresponde aplicar alguno de los mecanismos previstos por la normativa vigente.
El ministro Jiménez señaló que el proceso requerirá coordinación con el Poder Judicial, ya que la eventual aprobación de beneficios penitenciarios dependerá de la evaluación individual de cada caso.
Un problema que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional
El hacinamiento penitenciario constituye uno de los principales desafíos del sistema carcelario peruano. En una sentencia emitida en 2020, el Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional debido a la situación crítica de los establecimientos penitenciarios y exhortó al Estado a adoptar medidas urgentes para revertirla.
La Política Nacional Penitenciaria al 2030 también identifica la reducción del hacinamiento como uno de sus objetivos prioritarios. En esa línea, el Gobierno declaró en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE en 2024, lo que abrió paso a la formulación de nuevas estrategias para enfrentar la crisis.
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