Colectivo trans en abandono por parte del Estado: "Somos invisibles porque no reconocen nuestra identidad"

“Existimos y resistimos contra sus políticas medievales”, es el lema con el que marchó la comunidad trans y no binaria del Perú en el marco del 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, una fecha para visibilizar la lucha contra la discriminación, comprender la realidad y reconocer la labor social de este grupo ciudadano. Testimonios como el de Gianna Camacho García, periodista y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos LGTBIQ+, evidencian que aún persiste la brecha entre su colectivo y el Gobierno.

“Somos invisibles para el Estado porque no reconocen nuestra identidad”, sostuvo Camacho, quien menciona que el “reconocer su identidad es el inicio de nuestros derechos laborales, educativos y sociales”. Asimismo, esta constituye su principal demanda y el primer paso para garantizar sus derechos en los ámbitos laboral, educativo y social. Desde la institución también señalaron que buscan que la violencia que enfrentan sea reconocida como un crimen de odio, ya que aún persiste la estigmatización de sus identidades. “Tenemos como objetivo identificar y sistematizar los casos de vulneración de derechos de personas LGBTIQ+”, indicó.

Identidades no reconocidas por el Estado

De acuerdo con el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), alrededor del 8,7% de las personas trans logró cambiar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al nombre social, con el fin de dejar de usar el asignado al nacer. Frente a este panorama, Sergio Cruz, asesor legal de la institución y miembro del colectivo gay, precisó que para realizar este cambio se requiere un proceso judicial, el cual puede tardar desde meses hasta años debido a la complejidad del trámite y su elevado costo.

“Para solo hacer el cambio de nombre se requiere de un proceso judicial que toma hasta tres o cuatro años. Es un proceso amplificado que se convierte en tedioso”, acotó. Por su parte, Gianna Camacho señaló que logró cambiar su identidad en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y que el proceso le tomó dos años, con un costo aproximado de entre S/4.000 y S/5.000. “Es un reconocimiento de quiénes somos, quizás no por parte del Estado, pero sí en nuestro documento (…) Sin embargo, el proceso también es largo, no todos lo pueden pagar”, agregó.

Para Noah Laura, hombre trans, ser reconocido por Reniec con su identidad social no solo implica afrontar un proceso engorroso, sino también un alto costo económico. “No solo es el proceso administrativo que pagas, sino también los honorarios de tu abogado; sin embargo, la gran mayoría no ve este tipo de casos. Aunque, igual tuve que hacer un pago de casi S/2.000 (para la asesoría legal). He visto casos que han pagado hasta S/6.000”, mencionó.

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Tipificación de crímenes de odio

Cada 31 de marzo se destaca la importancia de la vida sin prejuicios. Las personas transgénero enfrentan a diario la discriminación, no necesariamente por su orientación sexual, sino por su identidad de género. Por ello, con frecuencia, este colectivo es víctima de acoso y prejuicios en entornos sociales, laborales y educativos.

Según Cruz, esta fecha permite reconocer que la discriminación persiste en el sistema educativo, en el acceso a la salud, en la precarización laboral y, de forma más grave, en la violencia, la cual no está tipificada como crimen de odio en el Código Penal. “La discriminación por identidad de género y sexual solo es considerada agravante en la comisión de diversos delitos. Eso no permite que se genere una data estadística a nivel de cuántos delitos se cometen realmente en la población LGTBIQ+”, aseveró.

Pese a esta situación, Gianna Camacho afirmó que en el observatorio realizan un registro de los distintos casos de violencia que afectan al colectivo trans, los cuales se elaboran cada dos años. Según las cifras más recientes, del total de la población LGTBIQ+ afectada por vulneraciones en 2023, el 56% corresponde al grupo trans. Asimismo, hasta la fecha se han contabilizado 54 asesinatos contra esta comunidad. Bajo este contexto, la coordinadora Camacho precisa que la presencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha sido limitada.

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Abandono estatal

El colectivo enfrenta dificultades en el ámbito educativo, ya que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para culminar sus estudios. “Muchas mujeres trans no tienen este privilegio (estudiar) y enfrentan esa dificultad en el acceso al sistema educativo”, precisó Cruz, quien sostiene que aún persisten barreras para las personas del colectivo.

Asimismo, Cruz considera que gran parte de la comunidad opta por actividades vinculadas al ámbito sexual debido a la escasez de oportunidades laborales y educativas. Por ello, Camacho señala que algunas mujeres trans permanecen en este rubro, puesto que el sueldo mínimo del mercado laboral actual no les alcanzaría. “Somos parte de la cultura y hemos crecido con estas ideas del dinero, en muchos casos poniéndolo por encima de una vida digna”, sostuvo.

Al respecto, Noah señala que ha contado con apoyo familiar durante su proceso de transición. Sin embargo, reconoce que este es altamente costoso y que no todas las personas cuentan con el mismo respaldo. “He tenido círculos cercanos que siempre han entendido y me han apoyado desde un inicio”, precisó. Asimismo, aunque indica que no existe una diferencia entre hombres y mujeres trans, relató que su identidad no ha estado exenta de violencia. “Tengo una tienda física dentro de un centro comercial en Miraflores donde vendo productos para chicos y chicas trans (…) Lanzamos videos en TikTok, pero también llegaba a otro público que comentaba dónde quedaba nuestro local para venir a golpearnos. Comentan todo tipo de cosas”, indicó.

La situación que enfrenta el colectivo trans no es ajena a la ciudadanía LGTBIQ+, ya que señalan que el Día de la Visibilidad Trans evidencia la violencia constante contra esta comunidad y exige justicia por quienes fueron víctimas de agresiones en un país conservador como el Perú. Ya sea desde las calles o en redes sociales, las y los activistas tienen un objetivo claro: ser reconocidos como cualquier otra persona, con los mismos derechos y garantías ante la ley.

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