Municipalidad demanda a la minera Volcan: “El simple hecho de vivir en Pasco ya nos contamina”

“Visité familias que tienen hijos postrados, esperando el desenlace, el día en que ese niño va a morir”, narra el alcalde provincial de Pasco, Julio Rupay Malpartida.

Ese día Rupay terminó de convencerse de llevar a la empresa Volcan a los tribunales. El jueves 28 de mayo de este año, la Municipalidad Provincial de Pasco presentó una demanda de amparo contra Volcan Compañía Minera y otras firmas del mismo grupo empresarial: Empresa Minera Paragsha, Empresa Administradora Cerro y Óxidos de Pasco.

La demanda busca que el Poder Judicial reconozca la afectación de derechos fundamentales como la salud, la vida, la integridad personal y la alimentación de la población de Cerro de Pasco. También solicita reparación del daño ambiental, recuperación de fuentes de agua y suelos contaminados, garantías de no repetición y atención médica especializada para personas intoxicadas por metales pesados.

La demanda ingresó en el Primer Juzgado Constitucional de Lima y contiene 1.170 folios.

Cerro de Pasco no está cerca de la mina: la mina está dentro de la ciudad. El tajo abierto Raúl Rojas parte el territorio urbano y convive con viviendas, vías, colegios, comercios y barrios completos. Desde el aire, la ciudad aparece construida alrededor de un cráter.

UNA INFANCIA ENTRE DESMONTES

Carlos Anthony Oscátegui tenía 5 años en 1999, cuando la minera Volcan empezó a explotar Cerro de Pasco. Hoy, 27 años después, Oscátegui forma parte de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas (PLANAMETOX). Pero antes fue un niño que creció entre desmontes mineros en el distrito de Simón Bolívar.

En sus horas libres, Oscátegui jugaba con amigos al aire libre. Armaban columpios con botellas recicladas. Pero el paisaje que rodeaba su casa no era verde. “Siempre recuerdo que los cerros eran de minerales. No había cerros verdes en Pasco ni alrededor de donde vivo”, explica a La República.

Oscátegui dice que, con los años, la afectación se extendió al agua y a los suelos. En su comunidad, las familias aprendieron a tratar el agua de forma casera: con telas, recipientes, filtros entregados por organizaciones y gotas de cloro para mejorar su apariencia.

“Al menos la coloración es engañosa, pero seguimos siendo contaminados”, señala.

También recuerda casos de personas enfermas que conoció de cerca. Menciona a Esmeralda, a Zoe y a otros niños afectados. “Hoy simplemente quedan en el olvido, porque caminas y ya son recuerdos. Ya ni siquiera están vivas”, dice, con cierto aire de resignación.

Así narra la muerte de su madre. Hace dos años la mató un cáncer en la sangre. No afirma tener una certeza médica individual sobre la causa, pero sostiene que, a la luz de los reportes ambientales y de salud conocidos en Pasco, muchas familias sospechan que sus enfermedades no pueden explicarse al margen de la exposición a contaminantes.

“El simple hecho de vivir en Pasco ya nos contamina”, afirma.

EL PROBLEMA ERA CONOCIDO

Para el exregidor de Simón Bolívar y actual subdirector del Centro de Cultura Popular Labor, Jaime Silva Ponce, el reconocimiento científico del problema ambiental en Cerro de Pasco, capital de la región, se remonta a 1996.

Ese año, según recuerda, una directiva del barrio obrero de Miraflores, en el distrito de Simón Bolívar, impulsó una evaluación médica con toma de muestras de sangre a pobladores de la zona. Los resultados manifestaron altos niveles de plomo en niños. “Un promedio de 35 o 40 microgramos de plomo en la sangre”, indica.

Desde entonces se han aplicado más de 14 estudios médicos y científicos realizados por instituciones nacionales e internacionales. Entre ellas menciona a la Universidad de Pisa y a Source International, organizaciones italianas que desde hace 18 años acompañan investigaciones ambientales en la zona.

Según Silva, esos estudios incluyeron análisis ambientales, toma de muestras de sangre y cabello, y evaluaciones en laboratorios acreditados de Europa.

“Las evaluaciones han demostrado que la población del distrito de Simón Bolívar, por no decir todo Cerro de Pasco, está altamente contaminada, no con un solo metal, sino con hasta más de diez metales tóxicos”, sostiene.

Los análisis encontraron metales como aluminio, cadmio, manganeso, cromo, níquel, plomo y mercurio.

De acuerdo con Jaime Silva Ponce, los controles oficiales se han concentrado principalmente en el plomo y, en algunos casos, cadmio y mercurio, mientras los estudios internacionales han permitido evaluar un número mayor de elementos tóxicos.

“No tenemos un laboratorio toxicológico que pueda evaluar más de diez metales. En Censopas (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud) toda la vida evalúan plomo. A exigencia te evalúan cadmio y mercurio”, asegura Silva.

La respuesta estatal ha sido insuficiente. La Ley N.° 31189, orientada a fortalecer la prevención, mitigación y atención de personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas, no alcanza para niños y familias expuestas durante años.

El reclamo central es que no basta con registrar o monitorear. Se requiere atención médica especializada, seguimiento clínico, laboratorios adecuados, diagnóstico ambiental y un plan de remediación.

LA CIUDAD Y EL TAJO

El alcalde Julio Rupay sostiene que Cerro de Pasco ha cargado durante décadas con los costos sociales y ambientales de la minería. Recuerda que, en el pasado, la operación minera movilizaba a miles de trabajadores locales. Pero, con el tiempo, se redujo el empleo directo, se tercerizaron actividades y la dinámica económica dejó de beneficiar a la ciudad.

“No hay economía circular. Volcan trae a sus trabajadores de fuera, que se quedan en sus campamentos por 14 días, prácticamente internados”, explica.

Según el alcalde, la expansión del tajo abierto transformó la vida urbana. La operación minera adquirió más de 500 propiedades alrededor, dejando viviendas abandonadas, techos deteriorados y sectores enteros en ruinas.

“La ciudad de Cerro de Pasco virtualmente se ha convertido en un territorio en el que parece que un huracán hubiera pasado”, sostiene.

El burgomaestre Rupay arguye que la demanda no busca frenar la inversión minera, sino exigir responsabilidad ambiental y sanitaria. “Yo no soy antiminero”, aclara. “Soy partidario de la inversión pública y privada. Pero exigimos que asuman su responsabilidad social conforme a las normas”.

Rupay insiste en que el problema no puede reducirse a mesas técnicas. Según señala, desde 1999 se han realizado espacios de diálogo con el Consejo de Ministros en distintos gobiernos, con compromisos que no han resuelto la situación de fondo. Recuerda que un ministro de Salud le dijo: “Para esos niños contaminados no hay cura”.

El objetivo de la Municipalidad Provincial de Pasco ahora es que el Poder Judicial ordene medidas concretas. Entre ellas, un diagnóstico integral de salud para la población, tamizaje generalizado de niños, seguimiento médico especializado y reparación ambiental en las zonas afectadas.

Su lucha no ha sido sencilla. Ha enfrentado denuncias vinculadas a intentos municipales de recuperar espacios públicos relacionados con predios abandonados alrededor del tajo. Según su versión, estos procesos han sido archivados hasta en cuatro oportunidades.

Pero hay uno que sí está en curso y es por discriminación. En uno de sus encuentros con representantes de Volcan, el abogado Luis Alberto Montoya lo llamó “serrano de mierda”, según relató Rupay. El caso, cuenta, está en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad en Huánuco.

LA VÍA JUDICIAL

La abogada mexicana Itzel Silva, directora legal de la oficina para Latinoamérica de EarthRights International (ERI), acompaña legalmente la demanda contra el grupo Volcan. Explica que el proceso busca ir más allá de los procedimientos administrativos que suelen terminar, en el mejor de los casos, en multas.

“Ha habido otros procesos legales abiertos por el asunto de contaminación en Cerro de Pasco, pero no se había interpuesto una acción de este tipo”, manifiesta.

Itzel Silva indica que los procedimientos administrativos sancionadores que pueden abrir entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) o la Autoridad Nacional del Agua (ANA) suelen enfocarse en sanciones económicas. Pero, a su juicio, eso no ha significado medidas estructurales de reparación a favor de las víctimas.

“Lo que hemos observado en este y otros casos es que ni siquiera los órganos del Estado aplican medidas para corregir la situación. En el caso de Cerro de Pasco no ha ocurrido”, sostiene.

La demanda requiere al Poder Judicial que reconozca que Volcan vulnera derechos humanos y que ordene medidas concretas de reparación y no repetición. Pero Itzel Silva reconoce que los casos judiciales en Perú pueden demorar años: “No sabemos cuándo habrá una resolución judicial efectiva, pero esperamos que le den celeridad. Sabemos de la carga procesal”, expresa.

Silva precisa que la demanda plantea medidas como la limpieza de lagunas y de los ríos Ragra y Tingo, la elaboración de un plan de acción, un diagnóstico ambiental, un diagnóstico de salud y medidas posteriores con participación de la municipalidad, especialistas y población de Cerro de Pasco.

Para EarthRights International, el caso también plantea una discusión sobre el modelo extractivo y la forma en que las empresas presentan su aporte económico frente a territorios que siguen viviendo con pobreza, enfermedad y daño ambiental.

“Las empresas dicen: damos empleo, damos desarrollo. Desarrollo según quién, desarrollo para quién. Basta ir a Cerro de Pasco y ver cuál es el desarrollo. Más bien hay pobreza”, cuestiona Itzel Silva.

EL REINO DE LA CONTAMINACIÓN

El fundador y director de Source International, Flaviano Bianchini, ha investigado durante 18 años la contaminación en Cerro de Pasco. Su diagnóstico es severo: considera que se trata de uno de los lugares más contaminados que ha visitado en más de dos décadas de trabajo ambiental.

“La contaminación afecta a todos los medios: el agua de los ríos, el suelo, el aire, el polvo y la comida”, expresa.

Los estudios de Source International indican que los menores evaluados presentaban niveles de plomo varias veces superiores a los límites considerados aceptables, además de exposición a otros metales. “Nunca hemos encontrado un niño que no tenga por lo menos cuatro veces más del límite de plomo en su organismo”, señala.

Otro dato relevante es que a más del 80% de los niños bajo estudio se le detectó alguna afectación de salud correlacionable con factores ambientales. Entre estos se cuentan problemas en la piel, ojos, estómago, trastornos neurológicos, alteraciones del comportamiento y otros signos compatibles con exposición prolongada a metales.

También advierte sobre enfermedades más graves, incluidas malformaciones congénitas y cánceres. Según su evaluación, la afectación alcanza ríos, lagunas, suelos, aire, polvo, carne de animales, peces y otros componentes del ecosistema.

“Para mí, Cerro de Pasco es el peor lugar en el que he estado”, afirma. “Hay lugares donde el aire está muy contaminado, pero el agua está medio bien. Hay lugares donde el suelo está contaminado, pero el agua no. Ahí es todo: agua, suelo, aire, polvo”.

Bianchini sentencia que “ahora mismo es un lugar invivible”, pero señala que no es una batalla perdida: “Hay tecnología, hay esperanza, pero hay que aplicarla. Y la tiene que pagar quien se ha beneficiado y quien ha contaminado”, afirma.

El director de Source International menciona Quiulacocha, cuyo nombre en español se traduce como “laguna de las gaviotas”. Es un lugar en el que alguna vez hubo peces y que hoy es un depósito de relaves mineros. Señala que su nivel de toxicidad hace que quien consuma el agua pueda poner en riesgo su vida.

También se menciona la cuenca del río San Juan, donde se han reportado niveles elevados de manganeso, plomo y aluminio. A ello se suman referencias a los ríos Ragra y Tingo, cuya limpieza aparece entre las medidas planteadas en la demanda de amparo, según EarthRights International.

LA DISPUTA CONTRA EL GRUPO VOLCAN

La demanda de amparo no está dirigida contra el Estado, sino contra Volcan Compañía Minera, una empresa que reporta utilidades anuales de cientos de millones de dólares y que hoy tiene como accionista mayoritario al grupo argentino Integra Capital.

“No sabemos si en Argentina conocen con detalle lo que está pasando en Cerro de Pasco. Sería importante que vinieran y vean que hay afectaciones a los derechos humanos. Eso es lo que se está reclamando”, dice Itzel Silva.

La contaminación alcanza sectores de los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca. La demanda busca que el Poder Judicial ordene medidas de reparación sobre fuentes de agua y suelos contaminados, así como un diagnóstico exhaustivo de salud para la población cerreña.

El alcalde Julio Rupay argumenta que la influencia de las empresas mineras también alcanza la política local. Afirma que en Pasco existe preocupación por el financiamiento de campañas y el respaldo a candidaturas afines a intereses empresariales.

“Siempre las mineras promueven candidaturas para que defiendan sus intereses”, señala.

Por ello, afirma que no tiene intereses electorales y que busca que los candidatos a sucederlo en la Municipalidad Provincial de Pasco, en las elecciones municipales de este año, firmen compromisos para continuar la defensa ambiental y sanitaria de la población.

La demanda, insiste, no es una posición contra la minería. Es un intento por obligar a que la actividad minera responda por los daños que la población atribuye a décadas de exposición ambiental.

También apunta al Congreso. Según Rupay, ninguno de los dos representantes de Pasco —Nelcy Heidinger Ballesteros (Alianza para el Progreso) y Pasión Dávila Atanacio (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)— ha mostrado interés suficiente por el tema en un Parlamento que, en los últimos años, ha dado señales de defensa a grandes sectores económicos, como el minero, pesquero y agrario, mediante exoneraciones tributarias o reducción de multas por contaminación ambiental.

La República intentó obtener la versión de Volcan Compañía Minera sobre la demanda de amparo presentada por la Municipalidad Provincial de Pasco. La empresa respondió que ha tomado conocimiento de la información a través de los medios, pero que aún no ha sido notificada oficialmente.

“En ese sentido, aún no estaremos realizando un pronunciamiento”, indicó la compañía.

Ahora, con la demanda de amparo, la Municipalidad Provincial de Pasco busca que esa responsabilidad sea discutida en sede judicial.