Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp
Entre los lugares cerrados figura el Cineplanet Alcázar, que suspendió funciones durante la Fiesta del Cine. Holding denuncia falta de sustento técnico y advierte acciones legales; comuna sostiene que los operativos fueron aleatorios.
La República en GoogleLa Municipalidad de Miraflores clausuró temporalmente 15 establecimientos vinculados al grupo Intercorp tras operativos de fiscalización realizados en febrero para verificar el cumplimiento de normas de seguridad. Según la comuna, se efectuaron más de 250 inspecciones en el distrito, 39 de ellas a negocios del conglomerado, detectándose deficiencias críticas en rutas de evacuación, modificaciones estructurales, falta de mantenimiento en instalaciones y presencia de balones de gas no declarados.
Entre los locales intervenidos figuran supermercados, restaurantes, bancos y tiendas por departamento, así como el cine Cineplanet Alcázar, que suspendió funciones durante la campaña promocional conocida como Fiesta del Cine.
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El municipio precisó que las acciones se ejecutaron “con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de trabajadores y visitantes” y sostuvo que respondieron a criterios técnicos y aleatorios para verificar el cumplimiento de la ley. También indicó que solo dos establecimientos iniciaron trámites para subsanar observaciones y obtener un nuevo certificado ITSE.
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El holding rechazó la medida y afirmó que los cierres carecen de sustento técnico y jurídico porque —según sostiene— los locales cuentan con permisos vigentes. En un comunicado, señaló que “esta situación ocurre coincidentemente en el contexto de una controversia contractual” vinculada al convenio de colaboración social suscrito para el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, firmado con un consorcio liderado por Urbi Propiedades, y cuestionó que la fiscalización se haya realizado en “corto plazo” y de forma focalizada.
Comunicado tras cierre de locales en Miraflores. Foto: Intercorp.
Manuel Bonilla en disputa
La polémica se agudizó luego de revelarse una carta notarial remitida por el consorcio, en la que afirma que el contrato suscrito el 16 de julio de 2021 sigue en total vigencia, una postura que choca con la versión de la municipalidad, que sostiene que el acuerdo terminó en septiembre de 2023.
El documento precisa que la inversión comprometida asciende a S/21,6 millones, de los cuales S/20,8 millones ya fueron depositados en un fideicomiso cuyo beneficiario es la municipalidad, argumento con el que la empresa afirma que el proyecto cuenta con financiamiento efectivo y no solo comprometido.
Asimismo, el consorcio sostiene que la convocatoria publicada el 30 de enero de 2026 para un “Auditorio Multiusos Deportivo y Cultural” sería distinta al proyecto original contemplado en el convenio —denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio deportivo”—, lo que interpretan como un cambio de objeto contractual. En ese contexto, el documento advierte que, de continuar el proceso, se reservan el derecho de iniciar acciones legales contra quienes permitan la convocatoria, lo que podría trasladar la disputa al ámbito judicial.
La carta también menciona una intervención previa de la Contraloría General de la República, debido a que —según el consorcio— la comuna no habría acreditado una constancia de cancelación del impuesto predial exigida en el convenio.
Posición municipal
La gestión del alcalde Carlos Canales descartó que exista relación entre las clausuras y la controversia contractual, y afirmó que las intervenciones forman parte de una política preventiva. En esa línea, señaló que tragedias ocurridas en centros comerciales concurridos, como el caso del Real Plaza Trujillo, obligan a reforzar controles y promover una “innegociable cultura de prevención”.
Mientras la municipalidad sostiene que las medidas responden exclusivamente a fiscalización técnica, el conglomerado empresarial insiste en que existe un trasfondo administrativo vinculado al proyecto deportivo, manteniendo abierto un conflicto que combina inspecciones, cuestionamientos contractuales y la posibilidad de litigios.
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