En el Congreso hay 20 proyectos de ley que buscan mantener el caos del transporte

Hace dos semanas, luego del impactante choque de una cúster del Anconero con un bus del Metropolitano que dejó tres muertos y cerca de 30 heridos; diversos parlamentarios salieron a lamentar el accidente y hasta cuestionaron la informalidad que se vive en las vías de Lima y de las regiones. No obstante, a través de un análisis de datos, La República ha podido identificar que en el Congreso existen al menos 20 proyectos de ley que buscan mantener el caos del transporte.

En esta pretensión se encuentran vinculados algunos legisladores de Perú Libre, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú y Acción Popular, quienes han presentado iniciativas que plantean no solo extender el permiso temporal para que los autos colectivos circulen por las carreteras, sino también para que operen en las vías de Lima y Callao. Además, han propuesto eliminar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), devolver los brevetes a los conductores inhabilitados por manejar en estado de ebriedad y aprobar una amnistía para dejar sin efecto las multas de los choferes y transportistas.

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“Se trata de proyectos de ley que se basan en favores políticos y en fines populistas y electoreros. Son graves retrocesos que perjudicarían a los pasajeros y los peatones”, cuestionó el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.

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Beneficiar a los ‘colectiveros’

Así, el retroceso que más avances y promotores tiene es el relacionado a los ‘colectiveros’.

En diciembre del 2024, el pleno del Congreso aprobó un dictamen, que agrupa a 13 iniciativas, que modifica la ley que formaliza el servicio del taxi colectivo en las carreteras. Se hizo con apresuramiento porque ese mes vencía la norma.

A través de los legisladores Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo, Paul Gutiérrez, Guido Bellido, Edwin Martínez, Américo Gonza, Ilich López, Cheryl Trigozo, Margot Palacios y Luis Aragón, se propone ampliar por cuatro años la formalización de los colectivos y habilitar que otras clasificaciones de vehículos M1 (station wagon o sedan) puedan operar.

Además, se pretende sentar las bases para formalizar los autos colectivos en Lima y Callao. Para ello, se ordena a la ATU realizar, en seis meses, una evaluación técnica de la demanda para considerar la entrega de autorizaciones en zonas no atendidas.

Pues bien, la propuesta está nuevamente en la Comisión de Transportes del Congreso desde enero de este año, luego de que el Ejecutivo la observara.

“No es viable la ampliación y se está desnaturalizando el servicio temporal de los autos colectivos, el cual no está alineado a la Política Nacional de Transporte y a la de Transporte Urbano”, respondió el Ejecutivo. También se opuso a que se autoricen nuevas carrocerías de autos M1 porque podrían generar más accidentes y a que le impongan acciones a la ATU y al MTC.

“Ahora quieren autorizar a los ticos y autos chinos para que operen como colectivos en Lima y Callao”, advirtió el director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, quien lamentó que en el Congreso existan intereses que imponen normas antitécnicas.

El vocero del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, lamentó que se quiera beneficiar a los autos colectivos cuando los corredores vienen siendo ahogados, ya que les quitan pasajeros. El especialista Luis Quispe Candia lamentó que el Parlamento busque perjudicar a la población más pobre porque con los colectivos sus viajes son más costosos. “Su negocio radica en la velocidad y para eso no respetan nada”, advirtió.

Eliminar a la ATU

En junio último, la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, presentó otro nuevo retroceso al impulsar una iniciativa para derogar la ley de creación de ATU. Ella plantea que se restituya la competencia de los municipios de Lima y Callao sobre el transporte público.

El proyecto de Chirinos es volver al pasado cuando las municipalidades de Lima y Callao emitían autorizaciones y aprobaban proyectos de infraestructura sin ninguna planificación entre ambas ciudades, lo que agravaba el caos.

El sustento de la legisladora, cuya bancada es liderada por el alcalde Rafael López Aliaga, es que ya han pasado más de 5 años desde su creación y la ATU no ha cumplido sus objetivos.

A esa pretensión se ha sumado su colega Luis Cordero, quien antes de pasarse de Somos Perú a Alianza para el Progreso (APP), presentó una iniciativa similar. Previamente, había propuesto debilitar la capacidad sancionadora de ATU.

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“Estas son propuestas populistas y electoreras. Buscan devolverle el transporte a los alcaldes para que aseguren votos, como ocurría antes, cuando actuaban como si fuera su feudo, generando conflictos. Si bien la ATU no ha mostrado grandes avances, heredó un transporte desastroso y atomizado”, dijo Quispe Candia.

El expresidente de la ATU, José Aguilar, afirmó que una de las fortalezas de dicha institución es que no tiene un criterio político sino netamente técnico. “Es un gran riesgo volver al esquema donde cada alcalde aprobaba ordenanzas y planificaba proyectos con intereses particulares”.

El exjefe de la ATU, David Hernández, criticó que los legisladores presenten iniciativas desconociendo normas. “El plan regulador que ordena las rutas es algo que venía esperando 40 años y ya se aprobó, por lo que volver a una separación, entre los municipios de Lima y Callao, sería un gran retroceso”, señaló.

Favorecer a choferes infractores

Pero ahí no acaba la embestida. El congresista Jorge Flores Ancachi, hoy de APP, ha planteado tres iniciativas para beneficiar a choferes sancionados por manejar en estado de ebriedad. La más conocida fue denominada la Ley del Borrachito porque pretende que los infractores recuperen sus brevetes suspendidos o cancelados tras aprobar un curso de seguridad vial y pagar una multa con hasta un 95% de descuento.

Para el legislador, los castigados, que han cometido el error de manejar ebrios, están arrepentidos y desean reintegrarse al ámbito laboral. Esta propuesta fue rechazada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) porque es una amenaza potencialmente mortal.

En tanto, su colega Luis Cordero ha presentado un proyecto de ley para conceder una amnistía a favor de conductores y transportistas que cometieron infracciones de tránsito. Lo que busca es eliminar las sanciones y multas impuestas desde el 16 de marzo del 2020 hasta la fecha, con excepción de aquellas consideradas muy graves o que involucran accidentes mortales.

Sobre estas últimas iniciativas, Quispe Candia lamentó que el Congreso no se interese en fortalecer el sistema de brevetes, mejorar la fiscalización y endurecer las penas.

“Cómo se puede plantear eso si son choferes que han puesto en riesgo la vida de otras personas. Es una falta de respeto tratar de beneficiarlos y es una burla a los esfuerzos por reducir los accidentes”, dijo. En el Congreso, hay intereses de por medio. ❖