Más de 3.000 niñas menores de 15 años fueron forzadas a ser madres solo en los últimos seis años en Lima, Loreto y Ucayali

En abril del 2024, una niña de 13 años fue sometida a una cesárea de emergencia debido a complicaciones graves a causa de su embarazo. La menor, quien fue víctima de violación sexual desde los 9 por parte de Hermes Gutapaña Gómez, de 42 años, fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Pucallpa, en Ucayali, tras presentar un cuadro de preeclampsia. 

Aunque el embarazo de la menor representaba un alto riesgo para su salud física y mental, los familiares denunciaron que las autoridades no activaron el protocolo correspondiente para salvaguardar su bienestar. El fiscal, que acudió al centro médico tras ser notificado, sostuvo que el embarazo debía continuar, argumentando que el bebé serviría como “prueba” del delito, ignorando el procedimiento de asentimiento tanto de la menor como de sus parientes.

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Según cifras oficiales del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, entre el 2019 y 2025, en las regiones de Lima, Loreto y Ucayali, 3223 menores de 15 años han sido madres. Y solo entre enero y julio de este año, 328 niñas del mismo grupo etario han sido forzadas a continuar con embarazos.

Modificación busca invisibilizar la problemática

Continuar un embarazo forzado que ha sido producto de una violación es degradante, cruel e inhumano, así lo califican organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y el Comité de Derechos del Niño. 

Pese a ello, hace unos días, mediante la Resolución Directoral N° 200-2025-DG-INMP/MINSA se oficializó la aprobación de la nueva “Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP)”,  dejando sin efecto la directiva anterior. La iniciativa promovida por la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo, del partido Renovación Popular, reduce a once los quince supuestos, por lo que un médico podría aplicar un aborto terapéutico, eliminando las causales vinculadas a la salud mental de la gestante.

“Se aprovechan de su cargo de representación para acomodar la ley a sus creencias personales. No les importa la ciencia, no les interesa revisar las estadísticas ni la realidad de cada caso, sino imponer su ideología. Eso es lo que representa una persona como la señora Jáuregui", precisó para La República la socióloga y exministra de la Mujer, Anahí Durand.

En la práctica, según Susana Chávez, obstetra, magíster en salud pública y directora de incidencia de Promsex, la actualización de la norma no invalida que los casos de violación sigan siendo considerados una causal para aplicar el dicho procedimiento, ya que la Guía Técnica Nacional, aprobada por la Resolución Ministerial N.° 486-2014-MINSA, obliga al personal médico a implementarla para proteger la vida de las víctimas de este problema sistémico. 

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No obstante, Chávez sentencia que lo preocupante de la directiva —respaldada por Aguayo— es que podría invisibilizar la problemática de fondo: obligar a una niña a ser madre. 

“Todas las evidencias señalan que un embarazo en menores de 15 años implica un riesgo muy alto. En 2024, el Instituto Materno Perinatal buscó mejorar sus instrumentos no solo para evitar incertidumbre y brindar seguridad a los médicos, sino también para incorporar dos aspectos que respondían a necesidades de salud: la atención del aborto por violación y en casos de daños fetales graves, situaciones que la ley aún criminaliza”, sostuvo Chávez para este medio. 

Asimismo, la experta en salud pública precisa que dicha modificación no ha sido eliminado el aborto terapéutico en el país. Sin embargo, según afirma, “se busca poner trabajas y dificultar su acceso”.

Un problema sistémico 

A nivel nacional, desde 2019 hasta la fecha, 8211 niñas menores de 15 años han sido obligadas a continuar con embarazos. Cuarenta y cuatro de ellas tenían menos de 11 años. 26 de esos casos se registraron solo en Lima.

Según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y septiembre de 2024, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 16,447 casos de violencia sexual. Esto equivale a un promedio de 54 niñas, niños y adolescentes violentados sexualmente cada día.

Asimismo, un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), realizado en 13 regiones del país, identificó que la falta de capacitación, la escasez de personal que hable lenguas originarias y la limitada información sobre los derechos de niñas y adolescentes respecto a la interrupción del embarazo son algunos de los principales obstáculos en el acceso a servicios de salud. En regiones como Loreto, por ejemplo, estas barreras agravan aún más la situación de vulnerabilidad.

“En 10 años se han atendido menos de 300 casos de aborto terapéutico en menores de 15 años. Es una cifra ridícula. Hay múltiples barreras: en los centros médicos, en los hogares de protección, y hasta de parte de los propios médicos”, añadió la especialista. 

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¿Y Ministerio de la Mujer?

Por su parte, la actual ministra de la Mujer, Fanny Monteagudo, declaró —en relación con las modificaciones impulsadas por la congresista Milagros Aguayo— que el aborto terapéutico está reconocido en el artículo 119 del Código Penal, como un procedimiento médico permitido para proteger la vida o la salud de la gestante.

No obstante, pese a asegurar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) continuará garantizando una atención integral dentro de sus competencias, la ministra también afirmó que el aborto terapéutico sería un tema “netamente de salud”, derivando la responsabilidad al Ministerio de Salud (Minsa). Susana Chávez desmiente dicha afirmación. “La política de infancia y adolescencia también le compete a ella. No está entendiendo sus funciones”, aclara.

Por su parte, Anahí Durand critica la actual gestión del MIMP. "No tiene presupuesto, no tiene competencias. Se han encargado de destruir lo poco que aún funcionaba (...) Este no es un tema de salud ni de derechos de la infancia, sino que ha sido transformado en una disputa ideológica por los sectores conservadores”.

Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, durante el 2024 se registraron 244 muertes maternas, de las cuales 35 correspondieron a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Es decir, cada 10 días muere una niña o adolescente en el país por complicaciones relacionadas con el embarazo.

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