Un chofer muerto y dos empresas de transporte extorsionadas a días de haberse realizado el paro nacional
El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar la extorsión que afecta al transporte, pero gremios denuncian falta de resultados y anuncian protestas en busca de soluciones inmediatas.
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Durante la madrugada del 23 de junio, dos nuevos atentados sacudieron a empresas de transporte público en Lima, dejando como saldo un conductor fallecido y otro que salvó su vida de manera milagrosa. Estos ataques ocurrieron apenas cinco días después del paro nacional convocado por gremios de transportistas para exigir medidas frente al aumento de la criminalidad y las extorsiones.
Uno de los hechos ocurrió en San Martín de Porres, donde un supuesto pasajero abordó una unidad de transporte y, sin mediar palabra, disparó directamente al conductor, quien murió en el acto. En otro ataque, registrado a la altura del paradero 12 de la avenida Canto Grande, sujetos armados interceptaron un bus de la empresa Santa Catalina y dispararon a su paradero. Aunque no se reportaron víctimas mortales en este último atentado, el hecho generó pánico entre los trabajadores del sector.
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Como medida de prevención frete a los diversos casos de amenazas, se prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y consolidar los avances en seguridad y control territorial.
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Casos de extorsión no paran
Las cifras reflejan un panorama alarmante. Según datos del Sistema de Información de Denuncias Policiales (Sidpol), hasta mayo de 2025 se han registrado cerca de 9.000 casos de extorsión, siendo el rubro del transporte uno de los más golpeados. Bandas criminales exigen pagos a cambio de “seguridad” y, ante la negativa, recurren a balaceras o colocan explosivos en los locales de las empresas.
Frente a esta situación, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao como medida para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, gremios del sector denuncian que estas acciones no han tenido resultados visibles. “No hay estrategia ni respuesta. Las muertes continúan”, sostuvo Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, en diálogo con La República. También advirtió que realizarán nuevas protestas los días 26, 27 y 28 de junio para exigir soluciones inmediatas.
Por su parte, Ricardo Valdés, exministro del Interior, fue tajante al señalar que la actual estrategia no está funcionando. “El estado de emergencia no ha servido para frenar la extorsión ni el sicariato. Ocho mil cámaras no bastan para cubrir el país. Hace falta inteligencia artificial, mejor equipamiento y capacidad de respuesta”, manifestó.
En ese sentido, mencionó que existen diversas formas para combatir este mal. Una de ellas es el uso de inteligencias artificiales y mejorar el equipo con el que las autoridades trabajan.
Más de la mitad de empresas son extorsionadas
Además, Martín Valeriano, presidente de Anitra, advirtió que ya se han registrado 21 muertes en el transporte formal en lo que va del año, sin contar las del sector informal. A esto se le suma que según un informe de su gremio y de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), más del 70% de empresas de transporte son víctimas de extorsión en el país.
Por lo que varios gremios alzaron su voz y salieron marchar, generando diversos paros nacionales el pasado 2024, pese a las manifestaciones y al reclamo de las víctimas, no se ha evidenciado una medida necesaria para combatir la delincuencia.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, por primera vez en más de una década, la extorsión superó al robo como el delito más reportado en el país en los primeros cinco meses del 2025. Esta tendencia representa un cambio alarmante en el perfil delictivo nacional, con más de 11.000 casos de extorsión denunciados hasta mayo, frente a los poco más de 10.000 robos registrados en el mismo periodo.
Especialistas consultados atribuyen este fenómeno a la expansión territorial y tecnológica de las bandas criminales, muchas de las cuales operan desde penales como Piedras Gordas y Challapalca, donde reclusos continúan dirigiendo amenazas mediante teléfonos móviles clandestinos o extorsionando desde redes sociales y llamadas por WhatsApp. Esta modalidad se ha sofisticado y descentralizado, lo que complica aún más la acción del Estado.
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