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Sociedad

Transportistas piden derogar ley procrimen

Emergencia. También exigen no aprobar el terrorismo urbano. No acatarán nuevo paro mañana, pero si el Legislativo no deroga ley 32108 pueden ir a una huelga nacional. Pien medidas urgentes.  

Amenazas. Extorsiones en el sector transporte no tiene freno. A la fecha son 14 atentados que han dejado 4 muertos.
Urpi.

Los gremios de transportistas descartaron parar sus labores mañana jueves 3 de octubre, pero adelantaron que pueden acatar una huelga nacional más adelante si el Congreso no deroga la Ley n. ° 32108 que favorece al crimen organizado.

Y no solo eso. También pidieron la “no aprobación” de la figura penal de terrorismo urbano, pues consideran que no contribuirá en la lucha contra el crimen.

 Miles de transportistas marcharon este 26 de septiembre por inseguridad ciudadana. Foto: Mirian Torres/La República

Miles de transportistas marcharon este 26 de septiembre por inseguridad ciudadana. Foto: Mirian Torres/La República

El dirigente de los transportistas Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), señaló que necesitan una respuesta urgente del Congreso, pues las normas que aprobaron otorgan muchos beneficios a los delincuentes, y si no hay resultados ellos van a volver a parar.

En una carta dirigida a la presidenta Boluarte, al defensor del Pueblo, y al Congreso, distintos gremios de transporte y asociaciones de diferentes rubros, demandaron la “no aprobación” del dictamen de terrorismo urbano y la derogatoria de la Ley n. ° 32108.

“Ya no se les puede intervenir como antes (a los delincuentes), ya no se puede desarticular bandas porque tiene que haber permiso del delincuente, quien debe llamar a su abogado. La Policía y la Fiscalía ya no pueden allanar como antes. Hay mayor flexibilidad para que el delincuente pueda escaparse y borrar las pruebas. Si el Congreso no deroga esta ley nos vamos a un paro”, sostuvo indignado a La República.

Por ello hizo un llamado para que no solo los transportistas, sino otros sectores afectados por los extorsionadores, se plieguen a la fuerza del comité de lucha para exigir una respuesta al Congreso y al Gobierno.

“Hacemos un llamado para que diferentes sectores sociales estén en esta plataforma para exigir una respuesta al Legislativo. Todos entran y es una sola voz, defender la vida”, dijo.

Según Valeriano, las extorsiones en el sector Transporte se intensificaron después de la pandemia. A la fecha son 14 los atentados y cuatro transportistas fallecidos. Algunos de ellos denunciaron y otros no, por temor. Y no hay resultados de esas denuncias, las autoridades no ubican a los delincuentes.

“Hoy todos estamos expuestos, esta ley que aprobó el Legislativo nunca iba a dar resultados, queremos que se vuelva a la ley anterior, la cual permitía a la Policía hacer su trabajo”.

Por su parte, la Confederación Nacional de Mototaxis anunció que se plegará al paro que convoque Anitra liderado por Martín Valeriano si no ven cambios en las normas. Ellos realizarán el 28 de octubre una marcha exigiendo mayor seguridad frente a las extorsiones.

En Trujillo, Manuel Guerra Alva, presidente de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (Astrell) dijo que los transportistas evalúan una huelga nacional para el 7 de octubre. También exigen una respuesta efectiva de las autoridades.

Esperan ver resultados

En tanto, Héctor Vargas, presidente del Directorio de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, que reune 63 rutas, descartó que vayan a acatar un paro para mañana. Dijo que el Gobierno ha implementado una serie de medidas y esperan ver resultados en “las próximas semanas”.
Indicó que si no hay cambios en la reducción y el control de la inseguridad analizarían la posibilidad de convocar a una paralización general.

En tanto, la presidenta Dina Boluarte dijo en Lambayeque, donde se realizó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), no tener miedo para combatir al crimen. “A la delincuencia le decimos que no le tenemos miedo, ni a ellos ni a sus operadores desde las cárceles”.