Gremios exigen al Congreso no aprobar proyecto de "terrorismo urbano" y derogar ley pro crimen organizado

Varios gremios de transporte y agrupaciones de diferentes sectores han emitido una comunicación conjunta solicitando a las autoridades que "no aprueben" el dictamen sobre el terrorismo urbano, y que deroguen la Ley 32108, la cual beneficia al crimen organizado en el territorio nacional. Esta carta ha sido dirigida a la presidenta Dina Boluarte, al titular del Congreso, a la Defensoría del Pueblo y a otras entidades relevantes.

“De no ser escuchados, se exhorta a todos los gremios, sindicatos, federaciones, asociaciones civiles, actividades económicas y ciudadanía en general; a levantar la voz de protesta en favor de la vida de todos los peruanos”, se lee en el comunicado. Así, los grupos definirán las medidas que tomarán después del debate que tendrá el Congreso el próximo jueves 3 de octubre sobre la propuesta de terrorismo urbano.

Comité de Gremios exigen medidas ante la ola de inseguridad

El 26 de septiembre se llevó a cabo un paro de transportistas en protesta por el aumento de la inseguridad, incluyendo extorsión, sicariato, asesinatos y otros delitos en la capital. En respuesta, el Gobierno implementó diversas acciones para atender las demandas de los gremios, entre ellas la declaración de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. Sin embargo, diversas organizaciones se han unido para reiterar y exigir un accionar efectivo por parte de las autoridades.

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"Cabe mencionar que la emergencia en los distritos de Lima no garantizan minimizar la ola delictiva, al contrario, nuestros transportas y demás peruanos afectado solo reciben represalias de estas bandas criminales", señalan.

Exigencias de los gremios:

1. No aprobación del dictamen de terrorismo urbano, argumentando que este proyecto no considera a la población nacional, excluyendo a la población rural que representa más del 20% del total. Además, critican la falta de transparencia en sus artículos, señalando conflictos de interés.
2. Derogatoria de la Ley 32108, que, según ellos, fomenta la impunidad de los delincuentes.
3. Cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno tras el contundente paro del 26 de septiembre, demandando que se declare emergencia nacional con estrategias efectivas, determinación, operatividad y resultados en la desarticulación de bandas criminales.

¿Cuáles son las medidas prometidas del Gobierno?

Tras una conversación con el gremio de transportistas, el Poder Ejecutivo anunció que se tomaran ciertas medidas para frenar las extorsiones. Las cuales incluyen:

• Conformar un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión, integrado inicialmente por más de 100 agentes, quienes ya se encuentran trabajando en las instalaciones de la Dirincri.
• La Policia Nacional del Perú ha puesto a disposición de la ciudadanía las líneas de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri. Los WhatsApp son: 942 841 978 y 966 834 447.
• Mecanismos de seguridad policial en los paraderos y en las rutas. 
• Brindar seguridad policial a las unidades de transporte de manera aleatoria con personal uniformado y civil.
• Remitir al Congreso de la República un proyecto de ley agravando las penas por los delitos de sicariato y extorsión, hasta con cadena perpetua.
• Conformación de una Fiscalía Supraprovincial contra la Extorsión para acelerar el trámite de las denuncias y garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes a través de protocolos de atención de datos personales.
• Mesa mixta en la que participen Mininter, Ministerio de Transportes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Fiscalía y Poder Judicial.
• Creación de una Procuraduría de la Autoridad del Transporte Urbano, que se encargue de interponer las denuncias contra quienes cometan estos delitos.

¿Qué dice la Ley 32108?

La Ley 32108, aprobada recientemente por el Congreso de Perú, introduce varias modificaciones importantes a la Ley contra el Crimen Organizado. Uno de los cambios clave es que ahora se exige la presencia del abogado del acusado durante los allanamientos, lo cual ha sido criticado porque puede retrasar las investigaciones y operaciones policiales, dando tiempo a los sospechosos para ocultar pruebas o huir. Este retraso podría afectar la eficacia de las investigaciones contra el crimen organizado.

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Otro punto relevante de la Ley 32108 es que redefine qué se considera una "organización criminal", estableciendo que solo los delitos sancionados con penas mayores de seis años entran dentro de este marco. Esto implica que algunos delitos graves podrían no ser tratados bajo la misma rigurosidad que antes (como las organizaciones criminales que extorsionan a los transportistas), lo que ha generado preocupación entre algunos expertos y fiscales, quienes advierten que esta norma podría generar impunidad o afectar casos de alto perfil, como los de corrupción y crimen organizado que involucran redes criminales complejas.

A pesar de estos cambios, la ley ha sido criticada por sectores judiciales y de la sociedad civil, ya que podría dificultar el desmantelamiento de organizaciones delictivas y afectar la lucha contra el crimen organizado en el país.