La queja de los deudos de Juliaca: investigación por muertes es lenta

Las investigaciones sobre los 18 civiles fallecidos en Juliaca durante las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso avanzan a paso lento. Desde aquel fatídico 9 de enero, los deudos de las víctimas han emprendido una dura batalla legal, pero perciben que el sistema de justicia les pone una serie de trabas. Tradicionalmente, estas fechas solían ser de jolgorio en la ciudad de Juliaca, cuyo aniversario es el 24 de octubre. Sin embargo, este año, la conmemoración fue atípica, marcada por el recuerdo de las trágicas muertes de enero.

 Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero de Juliaca, señala que la principal traba que han encontrado es el constante cambio de fiscales, lo que ha llevado a una prolongación del proceso. Desde que se abrió la carpeta fiscal 023-2023, el caso ha pasado por la Fiscalía de Criminalidad Organizada, la Fiscalía Penal Corporativa de San Román, la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad y finalmente llegó al Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas durante las Protestas (Eficavip). En ese transcurso, cinco fiscales han llevado a cabo las investigaciones.

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Samillán también señala que el traslado de las carpetas fiscales a Lima ha provocado la interrupción de las diligencias. Los fiscales viajaban de Lima a Juliaca para interrogatorios, pero a veces las notificaciones estaban mal hechas, lo que entorpecía las citaciones.

Los deudos de los fallecidos expresaron su indignación por la demora en la realización de las diligencias de reconocimiento y localización, que se llevaron a cabo nueve meses después de las muertes. Samillán explicó que estos procedimientos se retrasaron porque el caso fue derivado al Eficavip a cargo de la fiscal Nancy Chávez el 4 de agosto. César Quispe Calsín, uno de los abogados que representa a la Asociación de las Víctimas del 9 de Enero, informó que desde el 12 de enero habían solicitado la realización de pericias en el aeropuerto Inca Manco Cápac. También mencionó que presentaron una denuncia por genocidio contra Dina Boluarte y Otárola, la cual se incorporó en la carpeta fiscal n°277. En una reciente constatación realizada por el Eficavip,

algunos vecinos afirmaron que el perito no habría registrado rastros de balas o vidrios que podrían servir como pruebas. Quispe Calsín explicó que cada abogado deja constancia de las actuaciones. El penalista Carlos Torres, quien también defiende a uno de los agraviados, considera que hay omisiones y desaciertos en el proceso que reflejan la falta de seriedad en las investigaciones. Cree que existe una intención de dilatar el caso y buscar la impunidad. Torres mencionó que, en la constatación en el lugar de los hechos, no se notificó a las partes afectadas ni a los acusados. También se incumplieron protocolos, como la falta de peritos en criminalística, equipos GPS y otros.

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Además, criticó que hasta la fecha, la policía no haya entregado el plan de operaciones a la Fiscalía. Otro error grave está relacionado con la inclusión en las investigaciones del exgeneral Marco Antonio Lara Vergara, quien no está en funciones desde 2021. A pesar de que hizo su descargo, indicando que ya se había retirado y que no estuvo presente durante las protestas en Puno, figura en la carpeta fiscal como citado para declarar como jefe de la X Macrorregión Policial de Puno.

Comunidad internacional

César Quispe Calsín señaló que los informes de las misiones de derechos humanos han sido fundamentales en el caso. Estos coinciden en que hubo graves violaciones de derechos humanos, un exceso de la fuerza pública y la utilización de armas letales no autorizadas por el derecho internacional. Quispe considera que la Fiscalía debería tomarlos en cuenta. También cree que la Fiscalía debería considerar las imágenes que muestran a personas causando daños en los aeropuertos, incendiando la comisaría y las sedes judiciales. Hasta el momento, solo se han presentado denuncias contra los líderes de las protestas.

Quispe Calsín critica la falta de acción por parte de las autoridades judiciales. Ayer, los familiares de los fallecidos participaron en el Corso de la Integración Andina, un evento que forma parte de las festividades del Día de Juliaca. Durante el desfile, los deudos denunciaron al Gobierno y a las fuerzas del orden, así como la impunidad de los responsables de las muertes.

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La presidenta Dina Boluarte volvió a minimizar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a los fallecidos en las protestas de Puno, Juliaca y Ayacucho, al considerar que la mayoría de los peruanos quieren paz frente a otros que solo "promueven" marchas. También interpretó a su manera, el pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), el cual concluyó que se aplicó la fuerza letal en las movilizaciones. Continúa leyendo AQUÍ.