La Contraloría detectó presuntos pagos ilícitos en Essalud de Áncash y Piura
En pandemia. Detectan contratos irregulares por más de S/5.000.000 en el Hospital III de Chimbote. En Piura, hubo pagos irregulares por más de S/112.000 en bonos a personal asistencial
La República en GoogleLa Contraloría detectó que el Seguro Social de Salud (Essalud) entregó de forma irregular el bono Covid a los trabajadores de la Red Asistencial de Piura, lo cual generó un perjuicio económico a la entidad de S/112.722.
De acuerdo al Informe de Control Específico n.° 15756- 2023, existen irregularidades en el pago del bono Covid al personal de Essalud Piura, debido a que no se cumplieron los criterios normativos establecidos para que sean otorgados durante los años 2020 y 2021.
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Fue un total de 12 trabajadores de las áreas de dirección, personal segmento posterior, enfermería, farmacia, etc., que no cumplieron tales funciones, pero que recibieron pagos por más de S/39.000. Es decir, se trató de profesionales que prestaron servicios en áreas que no tenían a pacientes afectados por coronavirus.
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Asimismo, se advierte que en la lista de beneficiarios hay personal asistencial que no acreditó registro de entrada y salida laboral en los hospitales Jorge Reátegui Delgado, en los meses de junio y octubre de 2020; hospital II de Talara, en marzo y abril del 2020, agosto del mismo año a marzo del 2021; José Cayetano Heredia, de marzo a agosto del 2020 y de noviembre a marzo del 2021; y hospital I Paita, en abril, junio, noviembre y diciembre del 2020.
En la región Áncash, la Contraloría determinó que funcionarios de Essalud contrataron irregularmente a dos postores con pagos que ascienden a S/5.223.000 durante los años 2020 y 2021 para que realicen servicios de cremación, inhumación, recojo y traslado de cadáveres de pacientes que fallecieron a causa del coronavirus en el Hospital III de Chimbote.
Según el órgano de control, los funcionarios no gestionaron la inclusión de la contratación de dichos servicios en el Plan Anual de Adquisiciones 2020. Sin embargo, tramitaron contratos fraccionados por dos años sin contar con el requerimiento.
