Caso Mila: tendrá aborto terapéutico pero aún no recibe justicia

Largo camino. Niña de 11 años se halla en Lima separada de su familia, su agresor está libre y aún no se sabe si ella retornará a Loreto con su madre. MIMP pide al PJ sancionar a su padrastro.

Hospital. Médicos de la Maternidad acordaron interrumpir el embarazo de Mila. La fiscalía investiga la tortura que ella sufrió. Foto: difusión
Hospital. Médicos de la Maternidad acordaron interrumpir el embarazo de Mila. La fiscalía investiga la tortura que ella sufrió. Foto: difusión

Casi un mes después de que una junta médica en Loreto rechazara su pedido de ser sometida a un aborto terapéutico, el Ministerio de Salud informó que Mila, la menor embarazada producto de las violaciones de su padrastro, finalmente accederá al procedimiento médico de interrupción del embarazo.

Pero el caso de Mila no termina con el aborto terapéutico, pues quedan pendientes otros temas que la afectan a ella y su familia. Por ejemplo, aún no se ha informado qué medidas legales y médicas se tomarán en una siguiente etapa. Actualmente se halla en Lima, separada de su madre y familiares, mientras que su agresor, Lucas Pezo Amaringo (41), está libre y recién el 16 de agosto el Poder Judicial realizará una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva contra él.

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Ante este contexto, la viceministra de Poblaciones Vulnerables del MIMP, Elba Espinoza, indicó a La República que tras los procedimientos por los que viene pasando Mila en el Instituto Materno Perinatal, “se continuará con la evaluación de la salud emocional y social para determinar si existen las condiciones para una reintegración familiar”. Es decir que aún se deberá esperar para que la niña, según su recuperación, pueda retornar a Loreto.

Es importante recalcar que, tras denunciar a su padrastro, la Unidad de Protección Especial de Loreto separó a Mila de su madre y sus hermanos, colocándolos en diferentes albergues, pese a que la progenitora es quien tiene la patria potestad.

En esa línea, la asesora de Litigio Estratégico de Promsex, Edith Arenaza, recalcó la importancia de las medidas que el Estado debe tomar después de la intervención de la menor. “El Estado debe de retornar a la niña a su núcleo familiar, porque es su derecho”. Asimismo, señaló que tanto la menor como su familia deben recibir un resguardo general, así como un acompañamiento psicológico con enfoque de género, no interseccional y que no busque revictimizar a ninguno de los miembros.

 Versión. Viceministra Espinoza asegura que Mila está cuidada. Foto: difusión

Versión. Viceministra Espinoza asegura que Mila está cuidada. Foto: difusión

Ante este punto, la viceministra Elba Espinoza detalló que actualmente la familia de Mila sí está recibiendo “contención emocional”, por parte de la Unidad de Protección Especial, entidad que ya está acompañando a la familia. Asimismo, resaltó que las diferentes instancias del MIMP también están brindando el “soporte emocional tanto a los niños como a la madre de Mila que también ha sido víctima de violencia”.

Sin rastros del agresor

Como se sabe, Lucas Pezo, agresor de Mila, se encuentra en libertad luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido de la Fiscalía de darle prisión preventiva, y no será hasta la próxima semana que se realice la nueva audiencia para que revalúen la solicitud. Ante ello, la vocera de Promsex subrayó que “lamentablemente, este sujeto se puede fugar y será responsabilidad del Poder Judicial”. Además, recalcó que a diferencia de otros casos, en esta ocasión, pese al peligro que corren las víctimas, la justicia está “demorando” el proceso.

“Algo que se debe reclamar al Poder Judicial es por qué se está programando (una audiencia contra el agresor), pese a que ya se sabe del caso públicamente. Se pudo haber hecho el fin de semana”, exhortó Arenaza.

Por su parte, la funcionaria del MIMP exhortó a que el Ministerio Público y el PJ “den celeridad a este proceso”. Asimismo, esperan que se aplique la máxima pena contra Pezo.

La palabra

Edith Arenaza, abogada de Promsex

“Algo que se debe reclamar al PJ es por qué se está programando (una audiencia contra el agresor), pese a que ya se sabe del caso públicamente. Se pudo haber hecho el fin de semana”.

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