Piden investigar a funcionarios del Hospital del Niño por presuntos delitos de corrupción
Procuradora pidió a la Fiscalía que inicie diligencias preliminares ante presuntos crímenes contra la administración pública y por omitir sus funciones de médicos durante pandemia.
Hoy 5 de abril, La Procuradora Yudith Villegas pidió a la Fiscalía la investigación de siete funcionarios del Hospital del Niño (INSN) por crímenes contra la administración pública y a tres por omitir sus funciones durante pandemia. El pedido se da a partir de los antecedentes presentados en el programa dominical "Panorama", en el informe titulado "Médicos sin alma: abandonaban Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña para atender en clínicas privadas”, donde se denuncia que personal médico de la institución de salud estaría brindando sus servicios en clínicas particulares dentro de su horario de trabajo, en vez de cumplir con sus labores.
El pedido de apertura de diligencias preliminares fue realizado por la procuradora pública adjunta especializada en Delitos de Corrupción, Yudith Villegas, hacia el fiscal provincial penal de turno de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.
¿De qué delitos se les acusa?
Se sospecha de delito de peculado culposo para un primer grupo de funcionarios, y del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, para un segundo grupo.
En el primer caso, le correspondería a los acusados una pena privativa de libertad entre tres a cinco años y 150 a 230 días de multa.
Para el segundo caso, corresponde una pena privativa no mayor de 2 años y 360 días multa.
¿Cómo se cometieron los delitos?
En el informe periodístico citado se indica que los jefes del Servicio de Urología y Medicina Física y Rehabilitación habrían incumplido sus turnos programados porque estarían prestando servicios en clínicas particulares. Mientras tanto, los acusados registraban sus asistencias para simular su permanencia en el INSN.
Ante ello, servidores de la Oficina de Personal del INSN habrían observado las inasistencias. No obstante, permitieron que los médicos cobren sus remuneraciones. Ello habría ocasionado un perjuicio económico, así como afectación al correcto y regular funcionamiento de la administración pública, se indica en el documento.
