Propuestas para un Acuerdo de Escazú con amplia participación a favor de la defensa de las y los defensores ambientales

Por Aída Gamboa Balbín | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

El Acuerdo de Escazú que promueve el acceso a la información, participación y justicia ambiental en América Latina y el Caribe -único para la protección de las y los defensores ambientales-, ha empezado a implementarse en algunos de los 15 países que lo han ratificado con el apoyo de la CEPAL. Perú no es parte de este proceso.

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En abril del año pasado se llevó a cabo la primera Conferencia de las Partes (COP1), acordándose la conformación de un grupo de trabajo que tiene entre sus funciones la elaboración de un plan de acción para la implementación del artículo 9 sobre protección de las y los defensores ambientales y la organización de foros en la materia, el primero de ellos llevado a cabo en noviembre pasado. Asimismo, se culminó con el proceso de elecciones de Representantes del Público y del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento en el marco del Acuerdo con el acompañamiento de CEPAL, sin lograr representación de algún defensor/a.

Estos procesos nos dejan lecciones aprendidas, ya que a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil de incluir a la mayor cantidad de organizaciones en América Latina y el Caribe, todavía sigue siendo un reto asegurar ampliamente la participación a nivel local, así como de las y los defensores ambientales. Sobre todo, para que puedan tener el soporte necesario de diferentes colectivos. Asimismo, es importante mejorar el enfoque intercultural para una participación adecuada de las y los líderes indígenas, por ejemplo, a través de materiales de explicación en otros idiomas, así como diseñar mecanismos amigables de información, inscripción y votación.

Es necesario conocer quiénes forman parte del mecanismo público regional (plataforma de participación que sirvió durante los años de negociación y ratificación) y de la plataforma de elecciones de representantes del público implementada por CEPAL, para poder realizar efectivas campañas desde los candidatos y mejorar la transparencia del proceso. En estas herramientas también se debe informar sobre el proceso de candidaturas del comité de cumplimiento oportunamente, para asegurar el acceso a la información y que los candidatos también sean respaldados por la sociedad civil y las organizaciones indígenas. Mientras más plataformas y secuencias de clics se necesiten para encontrar información de los candidatos y postulaciones, menos accesibilidad se tiene, por lo que solo quienes tienen mayor conocimiento tecnológico y con acceso a internet pueden participar activamente.

Sobre la construcción del plan de acción que implementa el artículo 9 del Acuerdo de Escazú[i], para aterrizar acciones concretas de protección a las y los defensores, es importante que este proceso incluya una articulación con organizaciones indígenas y de sociedad civil a nivel local y nacional, así como un mecanismo formal para enviar comentarios y propuestas desde el público.

Entre algunas propuestas a incluir es que haya un presupuesto sostenido en las entidades estatales, la creación de un modelo de gestión multiactor para el análisis y la implementación de políticas, la elaboración de líneas de base con enfoque territorial, capacitación enfocada en las fuerzas de orden interno y funcionarios del sistema de justicia, análisis sobre sistemas normativos que criminalizan las labores de las personas defensoras ambientales, acciones que consideren los patrones de redes criminales que propician el avance de economías ilícitas, reconocer las medidas de autoprotección locales y la coordinación con iniciativas indígenas de prevención, protección y sistemas de justicia extraordinarios.

Es importante que Perú pueda ser parte de estos procesos, siendo uno de los 8 países más peligrosos para los defensores ambientales en la región según el último informe de Global Witness (2021). Asimismo, para lograr una mayor participación de los pueblos indígenas se recomienda enfocar esfuerzos conjuntos de asistencia técnica, promoción de espacios apropiados de participación o el uso de los ya existentes, valorando los conocimientos locales, sus visiones y saberes.

[i] DAR realizó la publicación "Aportes técnicos para contribuir con la implementación efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú" (diciembre 2022) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea. Disponible en: https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2023/01/Informe-Escazu-Regional-ISBN.pdf

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