Hay que tomarse en serio el adelanto de elecciones, incluso para el 2023
Jesús Rolando Luque Mogrovejo. Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
Arequipa. En 18 años de monitoreo, la Defensoría del Pueblo estuvo frente a dos conflictos nacionales potentes. En noviembre de 2020, cuando masivamente los ciudadanos, sobre todo en Lima, se manifestaron contra la vacancia del presidente Vizcarra y la asunción de Manuel Merino. Y ahora, el estallido social en el sur andino con una agenda muy política y algunas demandas inviables. Por ejemplo, la idea del cierre del Congreso qué significa, ¿por las movilizaciones, esta institución cierra las puertas y abdica sus funciones?, se pregunta Luque. “Quizá la gente lo que trata de expresar es una renovación inmediata. Las elecciones ya están planteadas, falta definir si en 2023 o 2024. ¿Que la presidenta debe renunciar? Esa es una decisión exclusivamente de ella, personal y política. Sobre la liberación de Pedro Castillo no es viable, depende del sistema de justicia”, asevera.
El conflicto de ahora en el sur andino es estimulado por las condiciones de pobreza en esta zona del país. ¿Un sur andino menos pobre sería menos explosivo?
En lugares con prosperidad, la tendencia a resolver los problemas por la vía del conflicto es menor. El crecimiento en el Perú fue desigual, incluso, después de la pandemia, la informalidad es mucho más alta. La informalidad es el indicador expresivo de un crecimiento sin derechos: tengo trabajo, ingresos, pero sin seguridad social, vacaciones, ni CTS, ni la certeza si continuaré mañana. Cuando tienes más del 70% de la economía en esas condiciones, las bases del modelo son precarias. Eso carga el ciudadano a lo largo del tiempo y es una motivación para salir a luchar. ¿Hay un sentimiento de despojo de la voluntad popular al haber destituido al presidente Castillo? Un sector lo siente. Expresa en sus carteles que fue traicionado por la actual presidenta. En el camino, el presidente Castillo interrumpió el orden constitucional, disolver el Congreso, intervenir las instituciones y eso cambia el tablero político. Cualquier actor (por Boluarte) tiene derecho a volver a barajar lealtades. No tenía por qué ser consecuente necesariamente con esa postura inicial, pero todo esto es difícil de transmitir y difícil de interpretar. Las cosas llegan de manera muy gruesa al conjunto de la población.
Lo que se han implantado son “narrativas”. Un sector de ciudadanos dice: “Castillo no dio el golpe sino el Congreso”.
En la Defensoría, evitamos deslizarnos hacia la política, pero ante el riesgo de derechos fundamentales, no podemos quedarnos callados (…) Creo que al observar el relato de “el golpe” queda más bien en un sector ciudadano como que fue provocado por el Congreso y no por el expresidente Castillo. Pudo haber fallado la comunicación política del más alto nivel. Debió interpretarse el hecho y no como se observó en el Congreso, triunfalista, como que en esta tensión entre Ejecutivo y Legislativo, venció el Legislativo pese a su 8% de aprobación. Era un momento de humildad y buena comunicación con la población. Siendo un gobierno precario convenía anunciar su temporalidad, no para agotar el periodo, las condiciones no estaban para eso.
La presidenta juramentó hasta 2026.
Exactamente. Hubo un error en la lectura de la coyuntura y desconocimiento de que había un grueso sector de la población enardecido, molesto e insatisfecho. Debe distinguirse a los actores del conflicto y no caer en generalizaciones y meter a todos en un mismo saco. Primero hay sectores muy minoritarios con entrenamiento y experiencia en movilizaciones donde pueden estar elementos del Movadef, aquellos declarados en insurgencia popular, que podrían ser los más violentos. Luego organizaciones sociales que siempre respaldaron al expresidente: Fenate, rondas campesinas, etc. Luego, un sector bastante amplio de la población que está justificadamente molesto con la forma cómo se hace política en el Perú. No creo que ellos sean los que estimulan actos violentos. Hay otro sector, que es pequeño y está ahí ya no por razones políticas sino por razones emocionales. Han matado a su pariente, a su amigo, a su compañero de trabajo. Finalmente están bandas de delincuentes o oportunistas que esperan el momento para ver como lo aprovechan.
La generalización, a veces, viene del gobierno. Los acusan de ser financiados por la minería informal, que son terroristas.
Es una generalización agraviante, por lo menos así es percibido por un sector que se siente ofendido. Este es un país racista con discriminación. Ese tipo de expresiones que no entran en matices, produce una sensación de ofensa, de agravio.
Se acusa al gobierno de Castillo de soliviantar este escenario mediante los consejos de ministros descentralizados. ¿Esa es una tesis valedera?
Hubo un acercamiento privilegiado del gobierno a ciertos sectores con una intencionalidad de organizar su defensa social y política. Simultáneamente los consejos descentralizados permitieron interactuar con organizaciones sociales. (...) Se componían unas agendas de las que no se ha rendido cuentas en absoluto. ¿Cuál era el objetivo ahí?, ¿gobernar con las regiones escuchando a la sociedad?, ¿o era más bien una manera de fidelizar momentáneamente a un grupo con un propósito político? Yo creo que era lo segundo. Cuando nos hemos interesado por obtener las actas de esas reuniones y no solo las actas sino la rendición de cuentas de esos acuerdos a los que se llegó, no hay nada. Uno válidamente puede pensar que ese fue un artificio político únicamente.
¿Se puede plantear el diálogo ahora cuando hay 50 muertos encima?
El diálogo debe ser una opción en una democracia. Es peligroso si le dejamos el campo abierto a quienes por la vía de los hechos tratan de producir un desenlace político. Hay dos medidas a tomar. Por un lado, hay que tomarse en serio el adelanto de elecciones y si se tiene que sacrificar algunas reformas políticas por acortar el plazo para que las elecciones sean en el 2023, es algo que el Congreso debe considerar y debe debatir internamente.
Parece que el congreso no lo está considerando así.
No se está leyendo el contexto ni la situación actual. Murieron 41 personas en enfrentamientos. Pueden morir más, eso no lo podemos descartar. (el adelanto de elecciones) es la decisión prácticamente de consenso. Reducirían las tensiones si se anunciaran que pueden hacerse en 2023. Ya el sistema electoral ha dicho que es viable. Lo otro es la apertura del diálogo (...) Hoy llegó la ministra de Transportes a Arequipa, tuvo reuniones. Hay un error en el diseño del diálogo, no está muy claro cuál es el objetivo. Si yo voy a dialogar para reconciliar y para pacificar, lo primero que tengo que asegurarme es que estén presentes aquellos que estén movilizados. Entonces en los diálogos notamos que hay una cierta ausencia de ellos. ¿No se les convocó?, ¿no quisieron venir?.
También existe una suerte de radicalismo en las dirigencias, de que ‘si no me atiendes mi pliego no dialogo, tú eres un gobierno ilegítimo, etc.
Veamos si esas posiciones irreductibles son medianamente mayoritarias. Pienso que es una minoría, no es el grueso de quienes protestan. Hay ausencias de liderazgos sociales, falta de interlocutores (...) Tiene que haber responsabilidad de las organizaciones y sus dirigentes: si están comprometidos con la democracia, bueno, el motor de la democracia es el diálogo. Tendrían que estar siempre abiertos a ello.
Sobre la represión hubo graves atentados a los derechos humanos. Se cuestiona el uso precipitado de armas de fuego. El costo social es alto.
La Policía no resuelve conflictos, no le carguemos esa responsabilidad. No hay que afectarla como institución ni desmoralizarla. En la época del terrorismo murieron dos mil policías, en la pandemia otro tanto. Merece nuestro respeto y respaldo, pero eso no nos pone una venda en los ojos para señalar que, en algunos casos, pudo haber habido reacciones ilegales innecesarias y desproporcionadas, pero aquí no se debe generalizar. Hay que ver en qué circunstancia específica murió tal persona. Es posible determinar la autoría del disparo y que corresponde efectivamente a la Policía o a un tercero. De primer momento, por supuesto, llama muchísimo la atención, que los muertos hayan sido por bala, en algunos casos, por perdigones, en otros por impacto de una bomba lacrimógena. Se lo hemos dicho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nos ha visitado.
Ante la cantidad de fallecidos plantean como válvula de escape la renuncia de la presidenta, pero eso lo descartó el primer ministro.
Las situaciones críticas están en permanente evaluación. Nadie puede decir la palabra final. Es verdad, más voces solicitan esa renuncia. Como funcionario de la Defensoría no me animaría a dar una opinión.
Y si pensamos en la mediación, ¿quiénes podrían sumar a este proceso de tratar de acercar a estos actores enfrentados?
La Iglesia Católica sigue siendo una institución muy respetada. El Acuerdo Nacional también y las nuevas autoridades regionales y locales. Deben demostrar su compromiso democrático fungiendo, más que personajes que toman una posición determinada, más bien ser el funcionario puente entre el malestar de la sociedad y las decisiones que se deben de tomar al nivel más alto.
Está en riesgo la democracia en el Perú.
No creo pero sí es una democracia magullada. Se puso interés en la reforma económica para el desarrollo del mercado y nos olvidamos de la institucionalidad. Si no hay una armazón institucional sólida, el modelo económico también está en riesgo.
Cómo se entiende esa ciudadanía que pide cierren el Congreso, que es una institución que forma parte de la democracia. Otros queman Ministerio Público, el Poder Judicial.
Yo quiero pensar que cuando se dice ‘cierre del Congreso’, lo que se dice es renovemos. No esa idea de a través un movimiento de masas cerrar el Congreso y expulsar a los congresistas. Lo que dicen es: este Congreso, tal como está compuesto ya no nos representa y necesitamos relevarlo.
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El golpe de Fujimori también fue un golpe muy popular. El 80% pedía el cierre del Congreso, a Vizcarra le demandaban lo mismo. Es recurrente.
En este caso, el propio Congreso ha tenido la atinencia de reconocer que es necesario adelantar las elecciones. Hasta hace mes y medio eso estaba descartado. Falta determinar en qué plazo y si eso se va a aprobar o no en la segunda legislatura (…) Las democracias no funcionan sin Congreso de la República.
Siente que la característica del protestante también ha incrementado su dosis de violencia, por qué la necesidad de tomar un aeropuerto, bloquear las vías y perjudicar los derechos de personas que no participan en la protesta.
Los niveles de violencia a los que se ha llegado son altísimos.
¿Inédito en la historia del Perú?
Esta es una de las crisis más graves, quizá la más grave que hemos vivido. Por supuesto, fue tremendamente desgarrador cuando los awajún y wampis rodearon el campamento de la Policía en masa y creyendo que podían tener una salida pacífica a la situación, los policías depusieron sus armas, los sacaron y asesinaron a 22 en el bosque. Eso me lleva al asunto del aeropuerto. No se trata únicamente de que yo tiro piedras y amenazo. No. Si un policía es neutralizado y reducido, la posibilidad de que sea asesinado con su propia arma o con algún otro objeto es muy alta. Entonces el policía está defendiendo no solo la instalación, está defendiendo su vida, sobre todo. Recordemos aquí en Tía María cuando un policía quedó desarmado en el piso, le abrieron la cabeza de un cadenazo. A veces se dice, es solo infraestructura. No cambiemos vida por infraestructura. Cuidado. No se trata solo de infraestructura, se trata de la vida de policías también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los derechos humanos son para todos.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Martes 19 de Noviembre del 2024