4 jueces superiores aspiran presidir la Corte Superior de Justicia de Arequipa

María Concha Garibay

Es jueza superior de la Primera Sala Laboral Permanente. Lleva 25 años en la institución.

De ser elegida, se convertiría en la primera mujer en ocupar la presidencia de la CSJA.

La magistrada propone priorizar la atención de los procesos en etapa de ejecución en todas las especialidades, puesto que de acuerdo a la estadística, el 48.2% de 290.583 expedientes se encuentran en etapa de ejecución y el 51.8% restante en etapa de trámite. Para ello, plantea hacer un análisis de flujo de procesos y elaborar plantillas consensuadas entre jueces y secretarios judiciales para hacer más céleres los procesos.

A ello, le suma la creación de aplicativos para la automatización de resoluciones. También propone impulsar un proyecto de ley ante el Congreso para que la elección del presidente de la Corte sea universal, en el que participen todos los jueces (superiores, especializados y de paz letrados).

Otro punto de su plan es implementar canales de comunicación interna para la recepción descentralizada de quejas administrativas y funcionales. Impulsar la capacitación obligatoria del personal de atención al público en lengua

José Luis Yucra Quispe

Es juez superior y se desempeña como presidente de la Primera Sala Civil de la CSJA.

Plantea reducir el retraso en la tramitación de expedientes, para lo cual planifica realizar programas de descarga en los órganos jurisdicciones donde haya retrasos considerables.

Asignar personal auxiliar a los órganos jurisdiccionales que lo requieran y estandarizar los procesos, para lo cual plantea hacer un flujo de procesos.

Respecto a la especialización de los órganos jurisdiccionales, su plan contempla especializar un despacho que vea únicamente acciones contencioso administrastivas. Monitorear el desarrollo de los procesos que están en los Juzgados de Familia.

Otro de sus planteamientos es reiterar a la presidencia del Poder Judicial que solicite a la Junta Nacional de Justicia se convoque a concurso las plazas disponibles en la Corte.

También prevé implementar programas de itinerancia de jueces de paz, paz letrados y especializados, así como de juzgados con competencia en violencia familias. La implementación de cursos de quechua también es otra de sus propuestas.

César de la Cuba Chirinos

Es juez superior civil, integrante de la Segunda Sala Civil.

Plantea modificar los índices de medición de la productividad de los jueces para hacer visible su labor.

En cuanto a los juzgados de paz, propone elegir a los jueces de paz faltantes, gestionar con cada municipio la implementación de un centro de enlace judicial para que los jueces de dichas zonas transmitan a las sedes judiciales las incidencias. En este punto incidirá en Caravelí y Caylloma.

En su plan, plantea mejorar el acceso a los servicios de justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, quiere identificar los procesos de estas personas, con el fin de que sus resoluciones sean priorizadas.

Con la Odecma planea ejecutar un plan de control de la calidad de las resoluciones e identificar si están siendo dictadas de manera eficiente.

Proyecta fortalecer el Expediente Judicial Electrónico para desde el área laboral y que se implemente en el área contenciosa administrativa laboral y previsional. También planea hacer un sinceramiento de plazas para el 2023.

Fernán Fernández Ceballos

Es juez superior penal y preside la Cuarta Sala Penal de Apelaciones.

El magistrado elaboró el Plan Estratégico Institucional de la Corte de Justicia de Arequipa hacia el 2030. De llegar a ocupar la presidencia, regiría su gestión en base a dicho plan.

Este tiene como objetivo fortalecer la celeridad de la administración de justicia.

Entre las actividades que plantea está gestionar con el Gobierno Regional de Arequipa y los gobiernos locales el desarrollo de proyectos de inversión de infraestructura en el sector justicia, verificar periodicamente las plazas vacantes de jueces y solicitar a la Junta Nacional de Justicia la realización de los concursos para el nombramiento. El plan prevé la creación del Juzgado de Investigación Preparatoria (JIP) de criminalidad organizada y lavado de activos, así como el del Juzgado Unipersonal Penal (JUP) de corrupción de funcionarios.

Digitalización progresiva de copiadores físicos e implementación de copiadores virtuales en el área penal y creación de nuevas plazas de especialistas de causas y audiencias para todas las provincias.