Sociedad

Minedu cede ante el Congreso por ley que veta textos escolares

Se lava las manos. Pese a que dijo que observarían la norma, ministro Serna justifica que esto no se hizo para que la población vea que no hay “actitud confrontacional” con el Parlamento. Experto en desacuerdo con dejar la decisión a otros y solo implementar ley.

Lo dijo. El ministro Serna confirmó lo que todos temían: el Minedu renunció a su rol de ente rector en la educación para llevar la fiesta en paz con el Congreso. Foto: difusión
Lo dijo. El ministro Serna confirmó lo que todos temían: el Minedu renunció a su rol de ente rector en la educación para llevar la fiesta en paz con el Congreso. Foto: difusión

Luego de que el Ejecutivo no observara la iniciativa legislativa que pone en riesgo el enfoque de género y la educación sexual integral en las escuelas, el ministro de Educación, Rosendo Serna, justificó que esta decisión corresponde a una prerrogativa del presidente Pedro Castillo y que otras acciones de este tipo han caído en “saco roto”, ya que, finalmente, el Congreso las aprueba por insistencia.

Las observaciones que hacemos no se toman en cuenta y creo que el presidente habrá evaluado esa situación y que sea el Congreso el que tenga la posibilidad de rendir cuentas a la sociedad (...). Para que no se vea que estamos en permanente confrontación, es decir, observando, observando”, indicó.

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Colectivo de Educación Sexual Integral

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Esta es la postura del Minedu frente al proyecto 904-2021, el cual permite que grupos conservadores de padres puedan vetar textos escolares, pese a que a mediados de mayo Serna dejaba entrever que observarían la autógrafa y aseguraba que iba a asistir al Congreso para dialogar con la comisión de Educación “desde un punto de vista técnico y pedagógico”.

Ahora solo espera que, ante la demanda de la sociedad, el Congreso haga un “mejor análisis” y pueda corregir la situación. “Que se dé cuenta la comunidad, la sociedad entera que nosotros no estamos obstaculizando ninguna propuesta del Congreso (...). Queremos mostrar, antes del 28 de julio, que desde un inicio no hemos tenido una actitud confrontacional. Y, en este caso, tampoco”, dijo.

Sin embargo, lo que pedían los colectivos ciudadanos, gremios estudiantiles, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación, así como el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables era que el Ejecutivo observe la norma, lo cual solo podía ejecutarse hasta el último 16 de junio.

No basta con reglamento

Ya vencido el plazo, y tras días de silencio, el titular del Minedu argumenta que con esta ley no van a perder la rectoría y que las precisiones a la ley se canalizarán a través de la reglamentación, a cargo de su sector.

En esto último discrepa el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, quien asegura que sí existe un debilitamiento del rol rector, en la toma e implementación de decisiones, así como en la elaboración de materiales, lo cual se convertirá en un proceso largo e inviable. “Además, lo que hay que tener claro es que un reglamento no puede contradecir a la ley. Es bien difícil que incorporen puntos que no aparecen en ella”.

Buscar a congresistas

Cuenca subraya que el Minedu debería tratar de sostener con argumentos las políticas que crea correctas y observar lo que atente contra ellas. “Se debe hacer política, en el estricto sentido de la palabra; es decir, observar la ley y, hasta que pase por insistencia, seguir acumulando reuniones e información con el Congreso que demuestre que sus argumentos son válidos”.

También considera que el Ejecutivo debería buscar que los 10 congresistas del bloque magisterial se alineen a la posición del presidente Castillo para tener un “mínimo de gobernabilidad”.

El exministro señala que evitar una “actitud confrontacional” no resulta un argumento válido, cuando el liderazgo de un ministerio radica en dialogar con los decisores y defender reformas. “Ceder la decisión a otro y solo implementar lo que decide es una manera de gobernar con la cual discrepo”.

La clave

El sector alista una norma para disponer que toda escuela privada con pensiones que no sean “eminentemente sociales” deje de recibir el apoyo de plazas docentes. También ratificó que en el concurso de nombramiento se considerarán años de experiencia.

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