Patricia Salas O’Brien: hay el riesgo de quedarnos sin textos para escolares

El gobierno de Pedro Castillo dio un toque en pared con el sector conservador del Congreso, al no observar la ley que permitirá a padres de familias observar los contenidos de los recursos educativos. El trasfondo es ir contra los contenidos de enfoque de género, educación sexual y respeto a las minorías sexuales. No obstante, la exministra de Educación Patricia Salas remarca otro riesgo en la norma, pues cualquier grupo organizado podría vetar temas que no sean de su agrado, imponiendo su punto de vista y paralizando la entrega de material escolar al alumnado del país.

¿Qué riesgo hay en que diferentes grupos puedan intervenir en los textos escolares?

Recordemos que esta ley se esconde detrás de la idea de calidad de materiales educativos, donde grupos de padres de familia, podrían vetar un texto escolar. Allí el mayor riesgo es que los estudiantes se queden sin textos escolares, los cuáles se hacen desde la lógica del bien público (…). Corremos el riesgo porque la ley dice asociaciones civiles, es decir cualquier grupo podría vetar este material, pero mientras no se levante este veto, se paraliza toda la producción de textos. Entonces en ese tiempo no habrá textos. Ahora hay textos en todas las escuelas desde inicial hasta secundaria, en todas las áreas de aprendizaje y gratuitos para los niños, niñas y adolescentes. Eso corre el riesgo de acabarse.

Entonces cualquier tema podría ser objeto de veto. ¿Si a una asociación civil no le parece que el tema de la vacunación, lo podrían vetar?

Podría ser cualquier cosa. Si una asociación civil está en contra que haya el Día de la Bandera, no habrá un texto que diga que tal día se conmemora la fecha. Y si una organización está contra la educación sexual integral, los chicos y chicas se pueden quedar sin educación sexual integral, y así por el estilo. Tal vez un grupo no esté de acuerdo en que los textos digan que Sendero Luminoso fue terrorista o que hubo una dictadura en la época de Odría o Fujimori. Así nos quedamos sin textos y es muy grave para garantizar la calidad educativa.

Los que impulsan esta norma son grupos conservadores y el trasfondo sería ir contra el enfoque de género.

Allí hay un riesgo muy grande. Porque la sociedad tiene que luchar contra las discriminaciones e ir construyendo una sociedad más justa. Y cuáles son las grandes discriminaciones: por pobreza, por etnia o raza y por género. La de género es quizás un poco más grave, porque compromete a la mitad de la población. Y allí el enfoque de género enseña que chicos y chicas tengan las mismas oportunidades, con una relación de mutuo respeto y valoración entre hombres y mujeres... Otro elemento muy delicado en el enfoque de género es la educación sexual para evitar embarazos no deseados y como un campo de respeto mutuo. Sabemos que la iniciación sexual, sobre todo en las mujeres, no se hace cuando las chicas están listas, sino cuando los chicos lo deciden, porque hacen una especie de chantaje sentimental. Esa capacidad de mutuo respeto de tener o no relaciones sexuales, es parte de la educación sexual integral, para no hablar ya de lo que es violencia sexual y hasta feminicidios. Y el tercer tema ligado con enfoque de género es el respeto a las diversidades en la sexualidad.

Explicó bien que implica el enfoque de género, pero hay sectores que hablan de ideología de género y que señalan que su fin es cambiar la orientación sexual de los adolescentes o promover el inicio de su vida sexual.

Eso es absolutamente falso, nadie le enseña a nadie su orientación sexual, eso es una cosa muy íntima, personal e individual. Y lo que el enfoque de género busca es respeto, que nadie sea burlado, satanizado, por tener una orientación sexual diferente a la mayoría...

¿Que vías legales podrían salvaguardar que no se veten textos escolares?

La posibilidad es que el Congreso y el Ejecutivo propongan otra ley, o que la ciudadanía proponga una acción de inconstitucionalidad. Esas parecen como las grandes posibilidades.

Hubo el llamado de atención de instituciones como la Defensoría del Pueblo, pero no se ha visto que colectivos de padres se hayan pronunciado.

Hay un grupo de padres de familia organizado en las Apafas, que están muy circunscritas a temas de infraestructura o de apoyo a la escuela en temas puntuales, pero que se han convertido como pequeñas mafias, entonces no hay una lógica de organización de padres de familia legítima que ayude a todos y todas. Y luego están los padres y madres de familia en general, que tienen la característica de la ciudadanía en general, que se interesa poco por los asuntos de la vida pública. En contraparte hay una cierta confianza de parte de la ciudadanía en que la institución especializada sabe lo que hace. Y eso es un abuso de la representación que están haciendo los congresistas, porque se están poniendo del lado de creencias de un grupo de la población y no de los intereses y necesidades del conjunto de la ciudadanía.