Piura: denuncian por estafa a inmobiliaria Los Altos de Castilla
Según los demandantes, la empresa a cargo de la constructora Llaxta ha vendido más de 10 etapas, pero no ha entregado las viviendas ni en la primera etapa.
La República en GooglePiura. Decenas de familias denunciaron a la inmobiliaria Los Altos de Castilla por presunta estafa, ya que después de haber pagado la totalidad de lo que se estipula en el contrato para adquirir una vivienda, esperaban que la empresa entregue sus propiedades, pero hasta la fecha ni siquiera se ha hecho entrega de los módulos de la primera etapa. Por ello, los clientes continúan esperando por más de cuatro años sin que la constructora Llaxta, brinde alguna solución.
Uno de los tantos agraviados es David Alexander Estrada Valladares, quien firmó un contrato con la empresa que representa Rubén Ángel Molina Barraza, con el fin de concretar el sueño de la casa propia en la novena etapa, pero al haber pagado18 cuotas sin que la empresa muestre algún avance en las obras, dejó de pagar para denunciar el caso junto a otros agraviados.
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La empresa decidió cerrar sus oficinas ante los reclamos. Foto: La República
Así como él, decenas de agraviados se organizaron para protestar en el exterior de la inmobiliaria, pero, a pesar de estas medidas que se dieron desde el año pasado hasta este 15 de junio, los representantes de la empresa no dieron ninguna solución a los pedidos de la devolución del dinero de los clientes. Por el contrario, cerraron sus oficinas argumentando el resguardo del establecimiento.
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Por ello, los clientes presentaron denuncias ante Indecopi, donde hicieron saber que los trabajadores de Los Altos de Castilla, exigen que continúen con los pagos, de lo contrario les quitarán su lote. Ellos exigen celeridad en las investigaciones para una sanción a esta empresa, puesto que firmaron un contrato con un plazo de entrega de los módulos de seis meses; sin embargo, han pasado más de cuatro años y no hay ningún avance significativo en las obras.
Sanción
El jefe de la Oficina Regional de Indecopi, Edgar Vilela, explicó que existe una investigación de oficio en trámite y procedimientos de parte que han iniciado los mismos usuarios, los cuales son atendidos por el Órgano Resolutivo de Procedimiento de Sumarísimos.
“Existe una presunción de veracidad por cada documento presentado de los denunciantes, salvo prueba en contrario”, informó. Además, dijo que la inmobiliaria podría ser sancionada, puesto que “el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece sanciones desde una amonestación hasta 450 UIT”, finalizó.
La República intentó comunicarse con los representantes de la empresa, a través de los números telefónicos ubicados en el exterior de las oficinas, pero no se consiguió ninguna respuesta favorable.
