Puno: la lucha por el oro motivó el despojo de la minera Argos en Sandia

El interés por el oro, terminó siendo la razón por la cual se desalojó violentamente a 96 trabajadores de la empresa Argos-Puka Mani, el 21 de noviembre de 2021, del sector de Betaspata, provincia de Sandia. Un sector de comuneros del centro poblado de Saqui Totora, distrito de Sina, provincia de San Antonio de Putina, protagonistas del despojo, justificaron su medida alegando que la empresa no había cumplido con sus compromisos.

Sin embargo, no permitían el ingreso a la zona a nadie extraño para corroborar su versión. Incluso cerraron una vía de comunicación pública colocando un portón y una tranquera en el sector La Apacheta.

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El despojo duró casi siete meses. El 10 de junio de 2022, el juez de investigación preparatoria de Sandia, Jorge Nina Pariapaza, restituyó la posesión a los representantes de la empresa.

Cuando el magistrado y el fiscal Aníbal Surco Ccorimanya, se constituyeron a Betaspata, corroboraron que el reclamo de los campesinos no tenía propósitos reivindicativos. La lucha era por el metal precioso.

No solo encontraron en cenizas el campamento del personal técnico y asistencial, sino que en presencia del fiscal de Sandia, Anibal Surco, se constató que los responsables del despojo habían montado sus campamentos artesanales de explotación de oro dentro de la propia infraestructura de la empresa.

Durante la diligencia de entrega de las 600 hectáreas de la concesión de Argos-Puka Mani, se descubrió que los mineros de Saqui Totora, habían ingresado a explotar oro en las bocaminas donde los estudios de exploración determinaron la existencia de mineral. Paralelamente, se hallaron otros 20 nuevos socavones de donde mineros de Saqui Totora, y otros explotaban el metal precioso y al costado de cada punto instalaron plantas de procesamiento artesanal de oro. Se encontraron molinos artesanales. Durante la inspección se halló además campamentos rústicos donde pernoctaban todos los días.

Desmontaje

El tiempo que la mina estaba tomada se desmontó además la planta de procesamiento de mineral que Argos había instalado. No obstante, los revoltosos trabajaron alrededor de dos meses en dichas instalaciones procesando oro. Ello está acreditado con varias imágenes. El material fue captado por inteligencia de la Policía. Después de los trabajos, literalmente desmontaron la planta y desaparecieron las piezas más costosas. Se llevaron los motores de los molinos, las que no pudieron cargar las enterraron con apoyo de maquinaria pesada.

El Ministerio Público y la Policía señalaron que los comuneros no actuaron solos. Otra empresa que explota oro al costado de Argos, les habría prestado ayuda técnica y apoyo logístico para sacar los equipos. Había una alianza.

Varios mineros informales se presentaron ante Argos, tras la diligencia de la restitución de la posesión. Estos reclamaron tierras alegando que los dirigentes de Saqui Totora, les dieron áreas para explotar a cambio de porcentajes. Indicaron que ayudarán a identificar a los cabecillas de la revuelta. Revelaron que una empresa que opera en la zona los apoyó en todo.

Los hilos detrás de las protestas

Rogelio Cuentas, asesor en conflictos del Gobierno Regional, precisó que en las tres mesas de diálogo que se instaló, los dirigentes no tenían el interés en solucionar el problema. Recalcó que la intención de los campesinos no tenía propósitos reivindicativos. Indicó que el ánimo de los dirigentes era patear el tablero para extender el problema con el fin de tener un motivo para seguir atrincherados.

La Policía descubrió que el presunto instigador de las protestas en Saqui Totora, es el dirigente Leoncio Díaz Turpo. Este estaría asesorado por Edwar Husain Quiroga Vargas, quien es un promotor de la toma de minas. El asesor legal de los comuneros es Jhonny Fritz Garces.