Sociedad

Masacre en Vizcatán del Ene: aún no encuentran a los culpables de la matanza

Leonidas Casa, juez de paz del Centro Poblado San Miguel del Ene, resaltó la ausencia del Estado en la zona y la falta de apoyo a los familiares de las víctimas a un año de la matanza en el poblado de Chimpinchariato.

Los asesinatos ocurrieron en locales de Vizcatán donde hombres, mujeres y niños se encontraban reunidos. Foto: Aldair Mejía / La República
Los asesinatos ocurrieron en locales de Vizcatán donde hombres, mujeres y niños se encontraban reunidos. Foto: Aldair Mejía / La República

El 23 de mayo de 2021, dieciséis personas —incluidos cuatro menores de edad— fueron asesinadas en el distrito de Vizcatán (Junín), cerca al centro poblado de San Miguel del Ene, ubicado en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Pese a que el Congreso formó una comisión para investigar el caso, hasta el momento no han encontrado a los responsables del grave atentado. Tras un año del homicidio, los familiares de las víctimas aún no encuentran justicia.

Leonidas Casas Marmolejo, juez de paz del Centro Poblado San Miguel del Ene, en diálogo con La República, comentó sobre las dificultades que están atravesando los deudos de las víctimas de la matanza ocurrida en el poblado de Chimpinchariato. “Las personas que han muerto han sido el sustento económico de sus familias, entonces prácticamente ellos se han quedado desamparados”, indica la autoridad.

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“Yo estoy junto con los familiares, son personas humildes”, menciona Casas Marmolejo sobre los problemas económicos que enfrentan las familias afectadas para poder continuar con un proceso de investigación. “Ellos temen porque no tienen dinero para buscar un abogado, estar ahí al lado del abogado. Otros me comentan que se necesita dinero para estar yendo a la instancia a Huancayo”, señala el juez de paz.

Familiares siguen en busca de justicia

Asimismo, la autoridad resaltó la ausencia del Estado en la Vizcatán del Ene, a donde no han llegado los programas sociales, ni tampoco existe un apoyo a los familiares de las víctimas que viven en la zona.

“Pero a los que son acá de la zona no, son tres de la zona”, indicó Leonidas Casas. “Ahorita estoy con una anciana que su hijo (una de las víctimas) la mantenía, era su sostén. Es una adulta mayor y llora seguido porque no se sabe nada de su hijo y yo tampoco puedo dar más explicaciones del caso. Trato de darle palabras de consuelo, pero más allá no puedo”, reconoce el juez de paz.

Tras las primeras investigaciones fue sindicada como culpable de la masacre una columna del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) que estaría al mando de Víctor Quispe Palomino. Según información de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote), el lugar del atentado, Vizcatán del Ene, estaría dominado por los grupos de Sendero Luminoso que operan en el Vraem y que recorrerían esas zonas constantemente.

Las 16 personas, entre ellas cuatro menores de 1, 2, 16 y 17 años, fueron asesinados por impactos de bala tipo fusiles Galil y AKM. Posteriormente, los atacantes prendieron fuego a cinco de los cuerpos que se encontraban en los bares La Quebradita y Mangal. Las primeras autoridades en acercarse al lugar de los hechos fueron el alcalde del distrito de Vizcatán del Ene, Alejandro Atao Guerreros, y el juez de paz Leonidas Casas Marmolejo. En el sitio se encontraron también folletos que tendrían vinculación con los remanentes terroristas.

Pese a las pruebas, hasta el momento no hay culpables por el brutal asesinato. Según información a la que tuvo acceso La República, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad del distrito fiscal de la Selva Central, hoy Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco —despacho competente para investigar el caso— hasta la fecha ”no ha logrado identificar a ningún autor directo de los hechos execrables acaecidos en el poblado de San Miguel del Ene el 23 de mayo de 2021 debido a la ausencia del Estado y la indiferencia de las autoridades”.

Por su parte, la Comisión de investigación, presidida por Silvana Robles, solicitará un plazo ampliatorio de 120 días hábiles para continuar con las investigaciones del caso.

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