A un año de la masacre en Vizcatán, las investigaciones van a paso lento
Impunidad. Fiscalía sigue en fase preliminar, mientras que la comisión investigadora del Congreso ha solicitado 120 días más para indagar el asesinato de 16 personas a manos del Militarizado Partido Comunista del Perú.
El lunes 24 de mayo de 2021, la noticia del asesinato de 16 personas en el centro poblado San Miguel del Ene, capital del distrito Vizcatán del Ene, conmocionó al país. El impacto fue mayor debido a que en ese momento se desarrollaba la campaña rumbo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. El hecho —lamentablemente— fue utilizado por los dos partidos que llegaron al balotaje, Fuerza Popular y Perú Libre, para atacarse el uno al otro.
A un año del homicidio de los pobladores —entre adultos, adolescentes y menores de edad—, la justicia está lejos para los deudos de las víctimas.
“Ellos (los deudos) están indignados. No saben nada, no saben a dónde acudir. No han sido citados”, declaró a La República el juez de paz de San Miguel del Ene, Leónidas Casas, quien junto al alcalde de Vizcatán, informó a las autoridades sobre la masacre del 23 de mayo.
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Las vidas de las víctimas se estancaron a manos del “Ejército Popular Revolucionario” del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), una organización terrorista integrada por remanentes de Sendero Luminoso y liderada por Víctor Quispe Palomino, camarada ‘José’. Ello de acuerdo con un informe de la Digimin que obtuvo La República y que se encuentra entre los documentos filtrados por Conti Group.
Foto: documento
“La acción terrorista es calificada como una ‘justa acción selectiva’ que tuvo como objetivo la destrucción de los ‘prostíbulos-cuchipampas’”, se lee en el documento. También se refiere a que uno de los “objetivos políticos” del MPCP es la “eliminación o limpieza” de “personas consideradas como ‘males sociales’ que perjudican la sana convivencia de los pobladores de las comunidades asentadas en el VRAEM”.
Fiscalía sigue en investigación preliminar
A raíz de la denuncia del juez de paz y el alcalde, la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco, a cargo de la fiscal Eneida Aguilar Solorzano, abrió una investigación preliminar por el delito de terrorismo en agravio del Estado “contra los que resulten responsables”. Ello al encontrarse volantes donde el MPCP reivindica el atentado.
De acuerdo con información del Ministerio Público, las indagaciones siguen en etapa preliminar.
Los avances para determinar a los responsables de la masacre han sido escasos. A la fecha, solo dos presuntos implicados en el ataque han sido identificados: Cristian Samaniego Herrera (23) (a) “Cris” o “Daniel”, y Jhonatan Manuel Sicha Quispe (23) (a) “Nauto”. Sin embargo, ambos han sido excluidos de la carpeta fiscal al no encontrarse suficientes elementos de convicción que den indicios sobre una vinculación con la masacre.
Ahora, Samaniego Herrera y Sicha Quispe son investigados por el presunto delito de afiliación terrorista.
Samaniego Herrera fue detenido en noviembre de 2021 en La Victoria, Lima. Según informó el Mininter, sería el encargado de proveer de pertrechos y equipos de comunicación al MPCP en el Vraem. Por ello, la Fiscalía solicitó prisión preventiva.
En tanto, “Nauto” —de acuerdo con información de un agente encubierto, dada a conocer por la fiscal Eneida Aguilar en una audiencia pública— tenía en su poder “una radio portátil, y una pistola Pietro Beretta que pertenecía al ‘partido’”. El Ministerio Público también sostiene que Sicha Quispe “se encargaba de identificar y dar información de las personas que salían e ingresaban del centro poblado de Alto Mantaro y sostenía conversaciones con el camarada ‘Fernando’”.
La mencionada fiscal provincial requirió comparecencia con restricciones por 18 meses para “Nauto”, pedido que fue declarado fundado por la jueza Soledad Barrueto Guerrero, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Comisión del Congreso pide más tiempo para investigar masacre en Vizcatán
La congresista de Perú Libre y presidenta de la comisión investigadora de la masacre en Vizcatán del Ene, Silvana Robles, remitió un oficio a la jefa del Congreso, María del Carmen Alva, donde solicita la prórroga por 120 días al referido grupo de trabajo para seguir indagando el asesinato de 16 ciudadanos, entre varones, mujeres y menores de edad.
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De acuerdo con la misiva, el plazo requerido se debe a “la complejidad de la materia a investigar y la amplitud de diligencias pendientes”.
“Más el tiempo de análisis y redacción que se requiere, en la quinta sesión extraordinaria realizada el día viernes 13 de mayo, la comisión aprobó por unanimidad el informe preliminar y la solicitud de prórroga por el periodo señalado”, se lee en el documento.
El informe preliminar —de una extensión de 65 hojas— contiene la información recabada por el grupo de trabajo en los 120 días hábiles que le otorgó el pleno, como declaraciones del jefe de la Dirección contra el Terrorismo y de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como los manuscritos recibidos. El contenido es reservado.
Esta redacción pudo conocer que uno de los citados a declarar ante la comisión es el alcalde de Vizcatán del Ene, el fujimorista Alejandro Atao Guerreros, quien reveló a este diario en noviembre de 2021 que el narcoterrorista ‘Carlos’ le advirtió que perpetraría el ataque 4 horas antes de su consumación.
Testimonio. El alcalde fujimorista Alejandro Atao confirmó quiénes son los asesinos. Foto: Antonio Melgarejo/ La República
Entre las otras personalidades que el grupo de trabajo busca entrevistar están Ricardo Soberón (jefe de Devida), Eduardo Vega Luna (exministro de Justicia) y Erwin Tito Ortega (excongresista de Fuerza Popular), quien recibió la llamada del burgomaestre de Vizcatán luego del ataque terrorista.
También se planea recibir los descargos de Pedro Cateriano y Fernando Rospigliosi, pues ellos habrían tenido acceso a fotos del atentado horas antes de que las autoridades llegaran a la escena.
Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República
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