Más de 2 años de prisión suspendida para acusados de vandalizar sedes del PJ y tiendas Tambo
Cuatro acusados por atacar las sedes del Poder Judicial y tiendas de Tambo S.A.C., durante la marcha del 5 de abril, fueron condenados a más de dos años de prisión suspendida, además, deberán cumplir reglas de conducta.
La República en GoogleLa Corte Superior de Lima condenó a más de dos años de prisión suspendida a cuatro acusados por hechos perpetrados en agravio del Poder Judicial y las Tiendas Tambos S.A.C., cuando la ciudadanía tomó las calles para manifestar su rechazo al toque de queda dictaminado por el Gobierno, el pasado 5 de abril.
El juez Camero Calderón Muñoz, encargado del caso, dictaminó las condenas en dos audiencias distintas, luego de que los imputados fueran capturados en flagrancia, aceptaran los cargos y se acogieran a la figura de la terminación anticipada del proceso.
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El jueves 7 de abril, el magistrado condenó a Luiggi Villalobos Sánchez y a Christofer Rea a dos años y seis meses de pena suspendida, respectivamente, por el delito de receptación agravada en grado de tentativa en agravio de la Corte Superior de Lima.
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Además, se impusieron reglas de conducta que ambos sentenciados deberán cumplir, como no ausentarse ni cambiar el lugar de sus domicilios sin previa autorización del juzgado, y registrar sus actividades cada seis meses en el Registro de Control Biométrico.
Asimismo, cada uno deberá pagar la suma de S/250.00 por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada, el depósito se realizará el último día hábil del mes de junio de 2022, en una sola cuota.
Por otro lado, Maycker Zorrilla Rondón y Sebastián Yovera López fueron sentenciados a dos años y seis meses de pena suspendida y a dos años y once meses de pena suspendida, respectivamente. En este caso, por los ataques que realizaron a las tiendas de Tambos S.A.C.
Para este caso, las reglas de conducta consisten en no cometer otro delito doloso, no ausentarse ni cambiar el lugar de sus domicilios sin previa autorización del juzgado, entre otras. Cada uno deberá pagar S/500.00 a favor de la parte afectada.
