Edwar Quiroga, el hombre detrás de la toma de minas en el sur

Juan Carlos Soto - Liubomir Fernández

El domingo pasado, en el campamento de Cuajone-Moquegua de la minera Southern Perú, circuló un audio bomba. Era una conversación privada entre un periodista y dirigente que anunciaba la recuperación de algunas minas. “Ahora ya no estoy en política, sino estoy liberando minas para entregarlas a las comunidades” responde el interlocutor cuando el periodista le pregunta si volverá a postularse como candidato en Apurímac.

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El autoproclamado “liberador de minas” es Edwar Husain Quiroga Vargas, dirigente que atizó varios conflictos sociambientales en las regiones del sur contra la gran minería: Tía María, Las Bambas, Espinar, Cuajone, Saqui Totora etc.

Dicho dirigente preside un centro de estudios islámicos llamado Inkarri Islam, que explora la cosmovisión andina y la religión musulmana. Le dicen el islamita. Viajó a Medio Oriente para adoctrinarse.

A su discurso social, Quiroga le añade el componente religioso. Dice que apoderarse de las minas es justicia divina y las compañías mineras representan el demonio.

-¿Hay un plan para tomar las minas?, le preguntamos.

“Sí. Las recuperaremos (…) Vamos a sacar a puntapiés a las transnacionales y si tenemos que morir en la lucha, lo haremos”. Algunos periodistas de Apurímac identifican a dicho líder social como radical, pero también “muy fanfarrón”. Aunque hechos concretos confirman que ha pasado de la palabra a la acción. Inteligencia de la Policía Nacional le atribuye haber participado en el despojo de Saqui Totora.

Expulsión de Argos

Saqui Totora es una comunidad del distrito puneño de Sina, casi en el límite con Bolivia. El 21 de noviembre de 2021, decenas de comuneros expulsaron a 96 trabajadores de la mina Argos en la zona de Betaspata.

No solo hubo despojo de la concesión, también quemaron el campamento y ahora explotan el mineral. La versión de Leoncio Díaz -uno de los dirigentes- es que el conflicto se desató por incumplimientos. Argos debía construir una posta, instalar internet, arreglar la carretera, etc. Con la mediación de las autoridades se pretendió instalar una mesa de diálogo para limar las asperezas pero Díaz sabotea la solución. Según la Dirección de Minas (DREM) de Puno, la comunidad explota el oro y no quieren abandonar la concesión que legamente le corresponde a Argos.

La República accedió a fotografías que prueban la vinculación de Edwar Quiroga a los principales dirigentes de Saqui Totora. En una de las imágenes, “El Islamita” se reúne con los comuneros para adiestrarlos. En la otra, posa junto a Leoncio Díaz Turpo.

Díaz cerró la única vía que conduce a la comunidad, paso obligado para llegar al yacimiento de oro. Instalaron un portón metálico y una tranquera. Ningún ciudadano ingresa sin permiso. Ni funcionarios de la Dirección de Minas. El 16 de marzo, los dejaron ingresar con reticencia. A los periodistas que llegaron con la comitiva oficial les prohibieron el acceso y los agredieron. Saqui Totora es zona liberada, vive bajo sus propias reglas.

Son cuatro meses de conflicto. “No hay intención de solucionarlo. El interés es la concesión, el oro”, aseguró el director regional de Energía y Minas, Dante Salas Ávila.

Asesoramiento

¿Usted participó en estas acciones?, le preguntamos a Quiroga Vargas. Responde, “no directamente, hago recomendaciones para que recuperen los recursos naturales. Están en su derecho”.

Cuando le inquirimos sobre los argumentos jurídicos de las comunidades para hacerse de las minas, cita la resolución 1514 de las Naciones Unidas y el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Según su interpretación, estos pactos internacionales permiten a las comunidades tener acceso a los recursos naturales. Dice que la Constitución está por debajo de estos acuerdos.

Conflicto Los Chancas

En donde Quiroga reconoce intervención directa es en la invasión a los terrenos del proyecto Los Chancas.

La concesión le pertenece a la compañía Southern Perú en Apurímac. En dicha área, la compañía pretende explotar cobre. El conflicto estalló por los reclamos de la comunidad de Tapairihua. Denuncian que la concesión está asentada en terrenos de la comunidad y una supuesta contaminación en el río a pesar que todavía no hay operaciones.

Quiroga dice que constituyeron una empresa comunal. Esta no solo les sirve para defenderse de Southern también para explotar el mineral. Los socios son mineros artesanales, algunos de ellos obtuvieron Registro de Formalización Minera (Reinfo), requisito para formalizarse que lo otorga la Dirección de Energía y Minas de Apurímac, dependencia adscrita al gobierno regional. “No van a salir de allí, solo lo harán muertos. Al extraer minera están saliendo de su pobreza”, dice Quiroga.

El dirigente aclara que no están en contra del capitalismo, estamos en el sistema. “Lenin, Vladimir Ilich Lenin, dice que cuando quiso pasar del capitalismo al socialismo no pudo porque la gente tiene una cultura capitalista, entonces hizo una retirada estratégica. Lo mismo, en el Perú, podemos hacer asociaciones, empresas comunales que funcionen colectivamente como las cooperativas mineras que en Bolivia lo están haciendo”, declara.

Injerencia en Cuajone

El dirigente admite reuniones con los líderes de la comunidad que tomó el control del reservorio de Viña Blanca (Cuajone). El embalse provee agua para las actividades de la mina de Southern y campamento habitado por 5 000 personas. El conflicto estalló hace un mes. Quiroga admite haber conversado con los dirigentes Héctor Cabana e Iván Mendoza. No solo hay una demanda ambiental, dice Quiroga, miles de comuneros están dispuestos a tomar el campamento y hacerse de la mina. Hay cinco mil hombres listos para entrar, afirma.

Se deslegitima la protestas

Felipe Supo - catedrático

Una cosa son los reclamos reivindicativos y de protección del medio ambiente. Pero lo que se aprecia es el interés de explotar el oro concesionado. Esta verdadera intención se camufla con reclamos aparentemente justos.

Según la Constitución todos pueden peticionar una concesión. Entonces deberían optar por el camino legal y no imponerse sobre la ley. No se puede pisotear las normas por la fuerza de la masa social.

El problema es que cuando se hacen protestas personalísimas, a largo plazo, esta manifestación social pierde legitimidad y pasa a convertirse en una acción de intereses particulares.

En ese contexto hay polarización y muchas veces las consecuencias son fatales. Las comunidades tienen derecho sí. Si se les reconoce derechos es porque también deben respetar otros derechos.