Arequipa: fiscal acusa investigados de entorpecer proceso con acciones dilatorias

Roberth Orihuela Q.

Arequipa. La fiscal María Alejandra Cabana Ocsa, a cargo del caso Los Malditos de Chumbivilcas, atribuyó el retraso de las diligencias por las acciones dilatorias de los investigados, algunos de ellos con prisión preventiva. Cabana demoró cuatro años para presentar acusación contra esta red de funcionarios ediles y dirigentes acusados de traficar con terrenos públicos. Son 31 implicados.

El que tuvo mayor peso, según explica Cabana Ocsa, fue que uno de los investigados quiso acogerse a la figura de colaboración eficaz, aportando sus declaraciones y pruebas para incriminar a más funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa y de la gestión del exalcalde Alfredo Zegarra Tejada —también acusado en el caso—. Pero este personaje, al final, se echó para atrás y truncó más de año y medio de trabajo.

Esto, indicó la fiscal, fue una clara conducta dilatoria de las investigaciones, pues el tiempo perdido era irrecuperable. Eso permitió que se demoren otras diligencias y que la fiscal tome otro camino más largo cuando el aspirante a colaborador eficaz desistió. De igual forma, pasó con otros investigados que estuvieron en prisión preventiva. La letrada detalló que los abogados no asistían a varias diligencias programadas con antelación, lo que obligaba a volverlos a citar y así se perdía tiempo clave para las investigaciones.

Diligencia de 149 días

Esto lo argumentó Cabana Ocsa en el requerimiento de Exclusión del Cómputo del Plazo de Prisión Preventiva que presentó ante el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, José Enrique Ríos Núñez. En este la fiscal alega que los investigados Gabriela Córdova Cuba, Pepe Merma Valencia, Leandro Castañeda Cuba y José Luis Cavero Astete tuvieron conductas dilatorias que ocasionaron la reprogramación injustificada de diligencias. El plazo que pedía era de entre 91 y 346 días extras de prisión preventiva.

Por ejemplo, Córdova Cuba debía asistir junto a su abogado el 13 de julio del 2018 para la diligencia de visualización de computadoras y memorias USBs que se encontraron en su casa. Para ello, se hicieron las coordinaciones con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el fin de que lleven a la investigada con prisión preventiva hacia las instalaciones del Ministerio Público. Pero quien no asistía era su abogada. La diligencia recién pudo terminar el 3 de diciembre, es decir 144 días después. De igual forma pasa con otros investigados y sus abogados, incluido Cavero Astete.

Todo esto fue alegado por la fiscal. Pero el 1 de marzo el juez Ríos Núñez decide declarar infundado el requerimiento. “Si el juez hubiese valorado la actitud de los investigados y de sus abogados habríamos podido mantenerlos en prisión al menos hasta el 2023. Me parece que en ese caso nosotros teníamos la razón porque esas dilaciones solo tenían el objetivo de retrasar las investigaciones”, señaló Cabana Ocsa.

Acusados no pueden acercarse a testigos

La fiscal María Cabana Ocsa informó que a pesar de estar libres, los acusados tienen normas de conducta y restricciones que deben seguir al pie de la letra. Por ejemplo, deben acudir cada 15 días a firmar ante el Poder Judicial.

Además tienen prohibido alejarse de sus casas y de la zona donde viven.

Una de las normas más drásticas que el juez les impuso es que no pueden acercarse a ningún testigo. Esto para evitar que puedan influenciar en ellos. “Nosotros mantenemos contacto constante con los testigos y les hemos pedido que nos informen si alguien los busca para coaccionarlos. En ese caso podríamos interponer una demanda por desacato a la autoridad. No creo que los acusados quieran ganarse otro juicio”, agregó la fiscal.