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Sociedad

Huánuco: 3 defensores ambientales de pueblos indígenas fueron asesinados

Aidesep denunció que defensores indígenas de los pueblos asháninka y yanesha del distrito de Puerto Inca fueron asesinados por mafias vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal.

Con estas tres nuevas víctimas, ya suman 18 defensores ambientales asesinados desde el inicio de la pandemia. Foto:  Facebook/Vraem Lima
Con estas tres nuevas víctimas, ya suman 18 defensores ambientales asesinados desde el inicio de la pandemia. Foto: Facebook/Vraem Lima

Perú perdió a tres defensores ambientales más. Dos comuneros y una comunera de los pueblos asháninka y yanesha de la provincia y distrito de Puerto Inca, en Huánuco, fueron asesinados el pasado martes 22 de marzo, según denunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Se trata de Jesús Berti Antaihua Quispe (43) y su esposa, Nusat Parisada Benavides de la Cruz (40), de la Comunidad Nativa Cleyton; y de Gemerson Pizango Narvaes (46), de la Comunidad Nativa Santa Teresa.

Hasta la fecha, la hipótesis que maneja la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca (Feconapia) es que estos crímenes fueron perpetrados por las mafias dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal que operan en la zona.

Ante ello, las comunidades indígenas demandan la atención urgente del Estado. “Exigimos la inmediata investigación y declaratoria de emergencia o el desarrollo de una estrategia integral multinivel para frenar las mafias que operan en las regiones y que vienen asesinando a líderes y lideresas en nuestra Amazonía de manera impune”, exhortan desde Aidesep.

Asimismo, solicitan que el Estado optimice el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, a fin de que les otorguen de manera oportuna las garantías necesarias ante casos de amenaza.

Precisamente, desde que inició la pandemia, ya son 14 los defensores ambientales asesinados, según los datos recolectados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Esta cifra reúne los casos reportados por las organizaciones indígenas y el Estado peruano.

Ante esta situación, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, piden que el Congreso apruebe el Acuerdo de Escazú, ya que se trata de un instrumento internacional que puede ayudar a proteger los derechos de los defensores ambientales.