Unesco: En ningún país de la región, las universidades eligen a sus reguladores

Ante la posibilidad de que el Pleno del Congreso debata hoy los dictámenes que cambian la conformación de la Sunedu y brindan otra oportunidad a las universidades no licenciadas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco Perú) subrayó que en América Latina los países buscan evitar que los organismos reguladores estén dirigidos o sean captados por los mismos supervisados; es decir, por las casas de estudios. Bajo esa premisa, de prosperar esta iniciativa, estaríamos frente a uno de los primeros casos en la región.

“No hay figuras similares en la región. Todos los sistemas de licenciamiento son parecidos al que actualmente tiene el país, con expertos técnicos que vienen de la vida universitaria, pero no son elegidos por los rectores”, explica Martín Vegas, coordinador del Programa Horizontes de la referida entidad.

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El dictamen promovido por Renovación Popular y Perú Libre plantea incorporar al consejo directivo de la Sunedu a tres representantes elegidos por las mismas universidades. “Que los supervisados elijan a los supervisores es un tema de preocupación y contradicción. No ocurre en América Latina”, agrega Vegas. Sin embargo, aclara que ello no descarta la posibilidad de contar con mecanismos de diálogo con los rectores.

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Para Unesco, este dictamen junto al otro que busca dar una nueva oportunidad a universidades privadas asociativas sin licencia abre la puerta a la posibilidad de cambiar, en cualquier momento, las reglas de juego. “Eso es bajar la calidad y afectar el sistema. No todos son tratados igual”, dijo a este diario.

Agrega que en otros países de la región también hubo alumnos afectados, a quienes se les debe garantizar el derecho a la educación. “Pero no se ha hecho con dar una segunda chance, sino abriendo vacantes en universidades públicas o convenios en privadas, donde el Estado puede dar una subvención para acabar los estudios”.

Según el organismo internacional, se espera que ambos dictámenes no prosperen y que el Congreso peruano reoriente sus prioridades en función de la agenda pendiente en educación superior, que incluye a los institutos y la acreditación. “Los congresistas tienen que mirar el interés común, que es el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En función de eso deben tomar una decisión”, concluye Vegas.

Retroceso de siete años

Para el exdirector de Educación Superior Universitaria del Minedu Jorge Mori, los dictámenes agendados en el Pleno de hoy están vinculados y forman parte de una sola estrategia: abren la puerta falsa a universidades privadas sin licencia y debilitan al ente que justamente debe supervisarlas, acercándose a un esquema similar al de la Asamblea Nacional de Rectores.

Si estas casas de estudios son autorizadas, una de sus primeras acciones será volver a convocar a exámenes de admisión. “Se desarma el corazón de la reforma y todo lo avanzado. Volvemos al 2014 (promulgación de la Ley Universitaria). Esto es lo que ellos quieren”, agrega.

Hace una semana, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica logró su licenciamiento tras haber sido denegada el 2019. Para ello fue evaluada bajo un modelo más exigente, contrario a lo que se busca con el dictamen para las privadas asociativas. “Este caso demuestra que las universidades sí pueden volver a presentarse. Los congresistas que apoyen los proyectos de ley definitivamente responden al lobby de las privadas con licencia denegada”.

Mori subraya que existen vínculos de legisladores con las universidades que serían beneficiadas, lo cual evidencia un conflicto de interés. “Aquí no se está hablando de estudiantes, sino de dueños y promotores de universidades privadas”. En el Pleno se verán los argumentos.

Propiedades pueden pasar a las públicas

Para Jorge Mori, uno de los dictámenes busca darles privilegios a las universidades privadas asociativas, pese a que sí pueden volver a solicitar su licenciamiento. “Hay una agresiva campaña de desinformación de estas instituciones y algunos congresistas que son sus operadores”, refiere.

Detalla que hay un vacío legal sobre el destino de las propiedades y el patrimonio de este tipo de universidades denegadas, en etapa de cierre. “El Minedu debe tener la posibilidad de intervenirlas y que su patrimonio pase a las universidades públicas regionales para mejorar la atención a los estudiantes”. Esto no alcanzaría a aquellas que sí vuelven a presentarse al licenciamiento.