Cusco: piden revelar causas de contaminación en Espinar

La organización Derechos Humanos Sin Fronteras pidió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que transparente y socialice los estudios realizados por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (Ipen) sobre la contaminación en Espinar. Indicaron que, existen indicios que apuntan a la actividad minera como causante del daño medioambiental.

Esos estudios fueron encomendados a realizarse en el 2012, luego de protestas que acabaron con la vida de cuatro personas. Los resultados públicos que se conocieron de los mismos hace algunos años es que la contaminación en el agua de Espinar obedecía a causas naturales por tratarse de una zona mineralizada. Sin embargo, nueve años después, Derechos Humanos pide que el informe final sea mostrado.

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Según Karem Luque, bióloga de Derechos Humanos, los resultados publicados no son la totalidad. “Son cinco entregables, incluso el último fue contrastado en un laboratorio de Canadá. De eso no se ha dicho nada. Nosotros hemos podido analizar toda la documentación y hemos encontrado indicios que determinarían las causas de la contaminación”, argumentó.

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Luque señaló que los estudios refieren la existencia de filtraciones en las presas relaveras de Camacmayo y Huinipampa del proyecto minero de Antapaccay. Con estos datos, dice, se puede colegir que la contaminación tiene su origen en las actividades mineras.

Sin embargo, OEFA no ha confirmado los hallazgos de Derechos Humanos en los estudios del Ipen. Sus informes concluyeron, más bien, en una causalidad natural.

Metales Pesados

En mayo de este año, Amnistía Internacional ratificó la existencia de metales tóxicos en los organismos de los pobladores de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la operación minera. De 150 muestras se determinó que el 58% poseían Arsénico, 29% Manganeso, 12 % Cadmio, 4% Plomo y 3% Mercurio en el organismo.

Para Luque, estos estudios demuestran que los esfuerzos por mejorar la calidad de agua para los espinarenses no han mejorado desde 2012, fecha en la que se denunció la contaminación.

Hay que precisar que el Poder Judicial ratificó la sentencia a favor de las personas afectadas con metales pesados para que sean parte de un plan de reparaciones. Sin embargo, para Derechos Humanos, las acciones del gobierno nacional y local fueron limitadas.

“Apenas se llevaron a cuatro médicos para que tomen las muestras mientras que a diario las víctimas reclaman por el agua contaminada que consumen”, apuntó.