Bicentenario y reconciliación

Autor: Gonzalo Gamio Gehri

A punto de que nuestro país cumpla doscientos años de vida independiente, es justo y necesario que los ciudadanos nos detengamos a pensar en torno a la promesa republicana, la propuesta de edificar una genuina democracia entre nosotros. Esta promesa permanece pendiente, e incluso podríamos decir que ha sido quebrantada en diferentes períodos de nuestra historia. No hemos concretado a cabalidad este proyecto a causa de la falta de responsabilidad de un sector importante de nuestras “élites” y a la indolencia de no pocos compatriota

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¿En qué consiste esa promesa republicana incumplida? Ella nos habla de la construcción de una comunidad política de ciudadanos libres e iguales. Sin embargo, nada de esto ha tenido lugar en el Perú. El proceso de independencia no supuso la plena abolición de la esclavitud -solo gozaron de libertad los nacidos luego del 28 de julio de 1821-; tampoco implicó la inmediata supresión del tributo indígena. En la actualidad, nuestro todavía precario sistema democrático coexiste con la exclusión de muchos peruanos de la dinámica propia del mercado y de la esfera pública. Aún impera la discriminación por razones de cultura, etnia, condición social, sexo, género y estilo de vida. La cultura de derechos no ha llegado aún a todos los peruanos

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Nuestro país ha afrontado profundos traumas de los que no ha logrado extraer lecciones de naturaleza ética y política. Como hemos señalado, la declaración de la independencia no generó una idea plena de ciudadanía; antes bien, constituyó el preludio de una sucesión de regímenes de facto y caudillismos militares que sofocaron cualquier brote democrático entre nosotros. La guerra del Pacífico nos llevó a una terrible crisis política. En tiempos en que el Perú necesitaba la unidad social y el buen juicio de sus líderes, nuestra patria fue víctima de la corrupción y de las traiciones de una “clase política” mediocre e inescrupulosa. La tristemente célebre frase “Antes los chilenos que Piérola” ilustra muy bien este punto.

El conflicto armado interno generó asimismo una crisis que ha comprometido las raíces mismas de nuestra coexistencia social. Dos grupos subversivos desataron el manchaytimpu (tiempo de miedo), inspirados en una cuestionada ideología totalitaria y dogmática que predicaba la violencia como método para resolver nuestros problemas estructurales. A aquella barbarie el Estado respondió con represión militar y policial. El gobierno civil de entonces incluso renunció al ejercicio de sus funciones al confiar a las Fuerzas Armadas la dirección política de las zonas de emergencia. El Perú se vio envuelto en el más destructivo de sus conflictos violentos, que cobró la vida de cerca de setenta mil personas: 90% de las víctimas era habitante del campo, 75% no hablaba el castellano como lengua materna. En el 2000 –una vez recuperada la democracia–, el gobierno de transición de Valentín Paniagua formó una Comisión de la Verdad para investigar la tragedia vivida.

Nuestra “clase política” recibió con hostilidad el Informe Final de la CVR; de hecho, se bloquearon todos los intentos de incorporar el documento en la educación escolar y universitaria, a pesar de que el Informe constituye una investigación interdisciplinaria rigurosa acerca de lo sucedido durante el conflicto armado interno. La ceguera voluntaria de nuestros políticos y de otras autoridades sociales impidió que los ciudadanos examinemos las condiciones de la violencia, que, a juicio del texto, permanecen presentes en nuestro país. En gran medida el escenario de polarización y enfrentamiento que hoy vivimos se explica a partir de los fenómenos que estudió a fondo la CVR.

La CVR discutió y elaboró un concepto de Reconciliación. Aludía a un proceso de reconstrucción de los lazos sociales dañados por la violencia que padeció el Perú entre 1980 y 2000. Se trata de un proyecto histórico de largo aliento, que propone el encuentro entre el Estado, la sociedad civil y las poblaciones del Perú. La meta colectiva de la reconciliación solo puede lograrse sobre la base del trabajo público de la memoria y la acción de la justicia; verdad, justicia y reparación constituyen condiciones esenciales para la regeneración del tejido social. Este proceso está asociado precisamente a la idea de la construcción de ciudadanía, a saber, el cumplimiento de la promesa republicana.

Cuando nuestra sociedad enfrenta situaciones de crisis, diferentes sectores de la opinión pública suelen convertir la apelación a la “reconciliación” en una suerte de estandarte de lucha política, que suelen entender en términos de “voltear la página” y “seguir adelante”. El Informe Final de la CVR ha mostrado que no se trata de imponer la amnesia moral y política entre los ciudadanos, menos aún asegurar la impunidad de quienes han causado daño al país. La única forma de aprender de nuestras experiencias de conflicto para reformar nuestras mentalidades y transformar nuestras prácticas e instituciones supone esclarecer nuestra memoria y actuar políticamente en los espacios públicos. De otro modo no habrá forma de construir realmente una comunidad de ciudadanos libres e iguales.