Juez admite demanda de mujeres esterilizadas durante el fujimorismo
La Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), recordó que cuatro víctimas en la provincia de Anta fallecieron recientemente. Murieron en abandono de su salud y esperando justicia.
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El Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda de Amparo interpuesta el 14 de abril por las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Mediante esta se busca que el Estado haga las reparaciones económicas y de salud.
La organización de la provincia cusqueña de Chumbivilcas presentó la medida en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna. Lo acusan de omitir esos reconocimiento.
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“Esta es una noticia muy importante. El Ministerio de Justicia ha tenido mucha resistencia a cumplir con el derecho a la reparación de las víctimas”, señaló María Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones de las Esterilizaciones Forzadas (GREF).
Por su parte, Rute Zúñiga, presidenta de Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), recordó que cuatro víctimas en la provincia de Anta fallecieron recientemente. Murieron en abandono de su salud y esperando justicia.
Zuñiga dijo que las sobrevivientes de las esterilizaciones durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) aún padecen las consecuencias de las operaciones en contra de su voluntad.
“Varias mujeres han muerto, otras se enfrentan a cuadros de cáncer y enfermedades que han limitado su calidad de vida. ¿Quién les brinda salud a esas mujeres? Nadie. La mayoría ha tenido que sacar de su propio bolsillo para atenderse”, cuestionó la dirigente.
La atención integral de salud y las reparaciones económicas aún les son esquivas a las más de 1.300 víctimas registradas en la región imperial. La admisión de la demanda enciende sus esperanzas luego de 20 años.
Para Zuñiga, las reparaciones también deben incluir oportunidades de educación para los hijos e hijas de las víctimas.
“Muchos ya terminaron la secundaria y no recibieron una educación por parte del Estado. Nuestros hijos también pagaron las consecuencias de los que nos hicieron”, agregó.
