Con 13 proyectos de ley pretenden que regiones y privados compren vacunas
Intereses en el Congreso. La mayoría ha sido presentada por legisladores de Acción Popular y Podemos Perú. Especialistas advierten que propuestas son inviables y peligrosas porque su comercialización solo generaría desigualdades durante el proceso de inmunización.
Sigue la confrontación. A pesar de que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y la primera ministra, Violeta Bermúdez, han explicado que los gobiernos regionales y las empresas privadas, por el momento, no pueden comprar ni distribuir vacunas contra el COVID-19 porque se generarían desigualdades e injusticias durante el proceso de inmunización, en el Congreso ya se han presentado 13 proyectos de ley que pretenden dar luz verde a estos intereses ya conocidos.
Bajo el argumento de la incapacidad del gobierno en la adquisición de las dosis, el poco efecto de las medidas para reducir los casos y decesos por COVID-19, y la posibilidad de que existan más opciones de compra y acceso al tratamiento, las bancadas de Acción Popular (AP), Podemos Perú (PP), Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP), Frente Amplio (FA) y Nueva Constitución (NC) buscan cambiar las reglas del proceso de vacunación, el cual prioriza a las poblaciones vulnerables y tiene como único negociador al Poder Ejecutivo, por el difícil contexto.
Lluvia de propuestas
De los 13 proyectos de ley propuestos entre diciembre 2020 y febrero 2021, 6 buscan favorecer a los gobiernos regionales, 4 a la empresa privada y 3 a ambos.
Por ejemplo, Acción Popular tiene 5 iniciativas. La congresista Rosario Paredes plantea autorizar no solo a los gobiernos regionales y locales la importación y distribución de la vacuna sino también al sector privado, al cual se les exige que por cada tres dosis que comercialicen, destinen una al Estado. Su colega Wilmer Bajonero propone lo mismo, solo que condiciona a las empresas que vendan el 10% de las dosis compradas a precio de costo a los gobiernos regionales.
Similar objetivo busca la iniciativa de Mónica Saavedra, aunque solo establece la autorización para el sector privado. En tanto, Paul García plantea aplicar un mecanismo de vacunas por impuestos y otro para dar luz verde a las regiones (GORES).
En el caso de las 4 propuestas de Podemos Perú, Felipe Castillo pretende darle este permiso solo a las empresas; mientras que Aron Espinoza y José Luna plantean que donen una dosis por cada dos que vendan. En tanto, Orestes Sánchez y María Teresa Cabrera buscan dar luz verde a los GORES en dicha compra.
Igual es la pretensión de Edgar Alarcón (UPP), Lenin Bazán (FA) y de toda la bancada de NC.
El último proyecto de ley es de autoría del congresista de APP César Combina, quien propone autorizar a las empresas la compra de vacunas para la aplicación gratuita a sus trabajadores y a los familiares de estos. “La misma embajada rusa ha señalado que está libre a la venta a privados, pero que requiere la autorización del Estado”, dice.
No obstante, en estos momentos todas estas propuestas son inviables en la práctica, manifiesta el miembro del Comando Vacuna, Antonio Pratto, quien precisa que los laboratorios vienen negociando tácitamente con los estados para evitar inequidades. “Hay un problema de oferta, la vacuna es un bien escaso. Hay 12 mil millones en precompras y reservas (...). Y esto recién cambiará a fin de año cuando aumente la producción y haya 6 o 7 nuevas vacunas”.
Pratto, quien tiene una larga trayectoria en el sector farmacéutico, dice que si bien los privados son más eficientes y tienen buenas intenciones, podrían ir analizando alianzas estratégicas con el Gobierno para ayudar en la aplicación de las vacunas a través de las cadenas de farmacias, como sucede en EEUU y Chile. Señala que eso sería más factible para la tercera fase donde se espera inmunizar a 16 millones de peruanos. “Las farmacias pueden atender a barrios, o los gremios -como el minero- puede recibir la vacuna del Estado e inmunizar a sus trabajadores. Eso es factible. Lo otro no. Si el Gobierno se demora, imagínese las regiones y las empresas”.
No a privilegios en acceso
El epidemiólogo Antonio Quispe coincide con Pratto en que el sector privado puede contribuir en la aplicación de las dosis compradas por el Estado. Además, considera que los proyectos de ley podrían alterar las reglas y prioridades del proceso de inmunización. “No se puede poner precio a la salud. Si los privados (o las regiones) compran vacunas no solo van a competir con el Gobierno sino que van a generar inequidades. Solo los que tienen dinero podrán hacerlo por encima de los grupos prioritarios”.
Precisamente, la premier dijo que “si empezamos a dividirnos en la compra, nuestra capacidad de negociación como Estado podría verse afectada”.
Por el momento, el presidente Francisco Sagasti ha aseverado que “no va a haber negociación descentralizada de las vacunas”. Pese a ello, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, insiste en comprar vacunas para repartirlas en carritos de helados.
Claves
En enero se aprobó una norma para otorgar registros sanitarios condicionales a medicamentos con ensayos en fase 3. Tras las críticas por una posible venta de la vacuna, el Minsa aclaró que la aplicación será gratuita.
Candidatos a la presidencia como Rafael López Aliaga, Alberto Beingolea y César Acuña proponen que el sector privado adquiera vacunas.
Infografía-La Republica.
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