Sociedad

Puno: ¿quién dio arma incautada de la Policía Nacional a delincuentes?

Anomalía. Arma que sirvió para matar a policía fue incautada en julio de 2017. Según Seprove fue internado en Sucamec. Empero, esta entidad negó el trámite.

Sucamec hizo aclare.
Sucamec hizo aclare.

La pistola marca Glock utilizada para asesinar al suboficial de primera PNP Marcial Huanacuni Espillico, según la Sección de Robo de Vehículo de Juliaca, estaba en la Sucamec- Puno. La pregunta del millón, ¿cómo llegó el arma a los delincuentes que la usaron en el asentamiento minero de La Rinconada, al norte de Puno, para ultimar al efectivo?

El crimen contra Huanacuni ocurrió el 1 de enero de 2020.

El arma homicida le pertenece a otro policía, al SOB3 Julio Arquímedes Mondragón Zamora. Personal de Seprove- Juliaca y el Ministerio Público se la confiscaron en julio de 2016, en el marco de una investigación que se le sigue por hurto agravado.

Según el oficio 131-2017 del 29 de mayo de 2017, el entonces jefe de la Seprove Juliaca, Siler Edgar Mendoza Sánchez, informó al fiscal Rolando Sucari Cruz, de la segunda fiscalía penal de Juliaca, que el arma de Mondragón fue internada en Sucamec, mediante oficio 131-217.

Tras la muerte, Marcial Huanacuni, el Ministerio Público, solicitó información a la Sucamec. En respuesta, este organismo, respondió que el arma nunca ingresó y el oficio al cual se hizo alusión tampoco fue registrado.

Es imposible que ello haya sucedido porque su sistema de registro es digital. Lismaida Vilca Zela, jefe de la Sucamec-Puno, hizo constar en un acta que el arma nunca ingreso. La República, se trasladó hasta la Seprove-Juliaca. Personal especializado de esta unidad informaron que no existen archivos de los documentos respecto al trámite de internamiento para cotejar la originalidad de la supuesta recepción de la pistola.

Alguien que tenía acceso al armamento se lo cedió a la delincuencia. Para diversos expertos, los agentes responsables que tuvieron custodia del arma tienen mucho que responder. Habría también negligencia de la fiscalía porque el fiscal a cargo del caso debió remitir el arma de manera directa a la Sucamec y no a la Policía. La Seprove tiene mucho que explicar.