Chiclayo: detectan irregularidades en obra adjudicada por municipio de Monsefú
Contraloría determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho exfuncionarios ediles.
La Contraloría advirtió que la Municipalidad de Monsefú (Lambayeque), en el periodo 2015-2018, adjudicó la ejecución de la obra de mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal del Pasaje Jesús Nazareno Cautivo en el sector oeste de este distrito con un consorcio privado por un monto de S/ 3 879 761,25, sin cumplir los requerimientos técnicos mínimos.
De acuerdo con el Informe de Servicio de Control Específico N° 022-2020-2-0425, durante el proceso de licitación pública se presentaron irregularidades en los actos preparatorios, procedimiento de selección y firma de contrato al margen de la normativa.
La Contraloría señala que las diferentes etapas del procedimiento de contratación no se apegaron a la normativa de contrataciones del Estado y eso afectó la libre concurrencia de postores, al acreditarse exigencias y prácticas que limitaron la concurrencia de proveedores.
Además, el contrato fue suscrito con el postor ganador de la buena pro pese a que este no presentó la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento, consignándose cláusulas a su favor no previstas en la proforma del contrato.
Todo ello transgredió lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, así como la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento, entre otras normativas.
En los hechos específicos irregulares se encuentran comprendidos ocho funcionarios y servidores públicos de la gestión 2015-2018, encargados de los actos preparatorios, conducción del proceso de selección y suscripción del contrato.
De los ocho implicados, cinco tendrían presunta responsabilidad administrativa y penal; uno tendría presunta responsabilidad penal y dos presunta responsabilidad administrativa; ya que habrían obrado al margen de la ley al desarrollar un procedimiento de contratación y firma de contrato bajo criterios no objetivos ni legales.
La Contraloría recomendó al titular de la entidad el inicio de acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades en los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos irregulares, y al Procurador Público Anticorrupción, iniciar las acciones legales penales contra ellos.
